La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a tres miembros de la Plataforma Unitaria Democrática del Estado Guárico en Venezuela, tras considerar que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable. La decisión, adoptada el 22 de octubre de 2024 a través de la Resolución 74/2024, beneficiará a Andreina Zerpa Vivas, Yolivares Infante Camacho y Eichler Hernández Ortuño.
Según la solicitud presentada ante la CIDH, los beneficiarios han sido objeto de amenazas y hostigamientos debido a su participación como miembros de campaña de los candidatos opositores Edmundo Gonzáles y Maria Corina Machado en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Se alega que estas acciones forman parte de una persecución política en Venezuela, incluyendo seguimiento por personas armadas y búsquedas en sus viviendas, con implicaciones hacia agentes estatales.
El objetivo de estas acciones, según se detalla, sería forzar a los beneficiarios a reconocer públicamente la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado julio. No se tiene constancia de procesos penales ni órdenes de detención que hayan sido revisadas judicialmente.
La CIDH ha solicitado al Estado de Venezuela que tome medidas concretas para proteger los derechos de los beneficiarios, incluyendo la adopción de acciones necesarias para garantizar que puedan continuar sus actividades de participación política libres de amenazas, hostigamientos o violencia. En particular, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten los derechos de estas personas, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales, así como investigar los actos de riesgo que puedan ser atribuibles a terceros.
Asimismo, la Comisión Interamericana ha exigido información sobre las investigaciones penales contra los beneficiarios, exhibición de cualquier orden judicial pertinente, coordinación de medidas con las personas afectadas y reportes sobre las acciones tomadas para investigar y prevenir la repetición de los hechos alegados.
Es importante subrayar que el otorgamiento de estas medidas cautelares y su adopción por parte del Estado no constituyen un prejuzgamiento sobre eventuales peticiones futuras ante el Sistema Interamericano respecto a posibles violaciones de derechos protegidos.
Como parte esencial del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato incluye la observancia y defensa de los derechos humanos en la región. Está compuesta por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, actuando a título personal y sin representar a sus países de origen.
