La cifra de presos políticos españoles en las cárceles de Venezuela ha experimentado un alarmante aumento tras las elecciones del 28 de julio. De un día para otro, el número de detenidos españoles pasó de 10 a 22, representando un 10% de las 2.200 detenciones poselectorales declaradas por el régimen de Nicolás Maduro.
El último 3 de septiembre, las autoridades venezolanas arrestaron a José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, ambos oriundos de Bilbao, España. Clasificados por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, como «terroristas», se les acusa de conspirar contra la estabilidad de Venezuela. No obstante, ambos aseguran que su visita al país tenía motivos personales, ya que planeaban visitar a sus parejas.
El Gobierno de Maduro asegura que, tras las elecciones, se han realizado 2.200 detenciones por motivos políticos. Sin embargo, la ONG Foro Penal ha contabilizado 2.000 presos políticos, entre los cuales se incluyen 68 menores de edad. Esta cifra convierte a Venezuela en el país con el mayor número de presos políticos en el continente americano, seguido por Cuba con 1.000 y Nicaragua.
Previo a los comicios donde la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, reclamó la victoria con un 67% del recuento de votos frente a Maduro, los presos políticos españoles no superaban las 10 personas. Estos detenidos están distribuidos por diversas cárceles, como el Helicoide, el Rodeo I, Tocuyito, y otros centros penitenciarios.
Entre los casos más notorios está el del empresario Uaiparu Guerere López, con doble nacionalidad venezolana y española. Detenido bajo acusaciones de traición a la patria, entre otros cargos, sostiene su inocencia y denuncia la deterioración de su salud debido a la falta de atención médica adecuada.
Las detenciones arbitrarias han sido una constante en las acciones del régimen tras las elecciones. Un fenómeno similar a los secuestros exprés ha surgido, donde la policía detiene a individuos al azar, exigiéndoles grandes sumas de dinero por su liberación. Esta práctica ha afectado a un grupo de jóvenes españoles, cuyos familiares temen represalias si revelan sus nombres a la prensa.
Las condiciones de encarcelamiento son inhumanas. Los detenidos sufren malos tratos y privaciones, y durante las visitas, los familiares deben cumplir estrictas restricciones, como no portar dispositivos ni dinero. Casos como el de Raiza Gómez, quien narra que los presos reciben comida en mal estado y solo un vaso de agua para todas sus necesidades, reflejan la gravedad de la situación.
Este aumento significativo en el número de presos políticos españoles y las condiciones en las que se encuentran no solo captura la atención internacional, sino que también pone de manifiesto la crisis de derechos humanos en Venezuela.
