La Amazonía venezolana enfrenta un escenario crítico derivado de la minería ilegal aurífera, el cual afecta directamente tanto los derechos humanos como la biodiversidad de la región. Un reciente informe de la ONG venezolana SOS Orinoco, en colaboración con otras cinco organizaciones de países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú), detalla las consecuencias devastadoras de esta actividad minera.
Impacto del mercurio en ecología y salud
Uno de los aspectos más alarmantes del documento es el uso extendido del mercurio en los procesos mineros. Aunque su uso está legalmente prohibido, Venezuela recibe este metal de países como México, España, Alemania, Italia, Argentina, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos. El informe destaca que entre 2013 y 2017, Colombia exportó más de 76 toneladas a Venezuela, mientras que una buena parte entra por contrabando.
Se estima que la minería artesanal y de pequeña escala utiliza anualmente aproximadamente 15 toneladas de mercurio. Este metal ha comprometido seriamente la salud de los habitantes de zonas como El Callao, quienes sufren de diversas enfermedades debido a la intoxicación con mercurio. Afecciones como alergias crónicas, daño pulmonar, insuficiencia renal y cardíaca, y trastornos en el desarrollo infantil (autismo, síndrome de Down) son comunes.
El informe también resalta la contaminación del Parque Nacional Caura, donde niñas y mujeres de comunidades indígenas Ye’kwana y Sanema presentan niveles de concentración de mercurio en el cabello significativamente superiores al límite permisible según la OMS. A esto se suma el riesgo para las poblaciones por entrar en contacto con especies marinas y plantas comestibles contaminadas con mercurio.
Deforestación y efectos en la biodiversidad
La actividad minera es una causa significativa de la deforestación en el sur del Orinoco. Entre 2000 y 2020, se perdió una superficie de bosque equivalente a 677 mil campos de fútbol. La minería a cielo abierto alcanzó 65.985 hectáreas en Amazonas y Bolívar en abril de 2024, causando fragmentación y pérdida de hábitats. Esto ha provocado el desplazamiento de la fauna indígena, tal como lo evidencia el cambio en la composición de especies del río Cuyuní.
Crisis sanitaria y social agravada por la minería
El colapso de los servicios de salud en Venezuela, combinado con la expansión minera, ha incrementado la incidencia de enfermedades infectocontagiosas. La malaria, el sarampión y la difteria han resurgido y se han extendido a otras regiones debido a la crisis migratoria. La precariedad en las zonas mineras abarca condiciones de vida insalubres, inseguridad alimentaria, y altos índices de malnutrición y enfermedades crónicas entre las poblaciones indígenas.
La minería también tiene un impacto devastador en el tejido social. La explotación infantil, la prostitución y la violencia de género se han incrementado, al igual que los femicidios y las infecciones de transmisión sexual.
Aumento de la violencia e impunidad
La región minera es sede de un aumento de la violencia y presuntos crímenes de lesa humanidad, con regímenes paraestatales controlados por grupos armados irregulares como el ELN y exFARC, junto a la participación de cuerpos policiales y militares. La violencia y las ejecuciones extrajudiciales son alarmantes, con 345 casos registrados solo en el estado Bolívar entre 2019 y 2020. Además, hay numerosas denuncias de desapariciones cuyos familiares no reciben apoyo de las autoridades.
Violencia contra mujeres indígenas
El impacto es particularmente devastador para las mujeres indígenas, quienes enfrentan malos tratos, violaciones y explotación en estas zonas. Se han documentado casos de subastas de niñas vírgenes por pagos en oro, y la presencia de mujeres indígenas en prostíbulos cerca de las minas.
Este informe de SOS Orinoco pone en evidencia la urgente necesidad de medidas efectivas para proteger tanto a la población como al medio ambiente en la Amazonía venezolana.
El Nacional
