El Centro Penitenciario del estado Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón, enfrenta una alarmante situación de hacinamiento, superando ampliamente su capacidad inicial. Diseñada para alojar a 750 internos, actualmente alberga a 1.012 reclusos, lo que representa un 135% de hacinamiento crítico.
Históricamente controlada por bandas criminales, la cárcel de Tocorón fue desocupada en septiembre de 2023. Sin embargo, desde agosto de 2024 ha vuelto a funcionar, recibiendo a personas detenidas arbitrariamente durante las represiones poselectorales. Este contexto subraya un patrón de represión sistemática contra las voces disidentes.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha denunciado recientemente el traslado de al menos 60 presos en 10 autobuses desde la cárcel de Yare III hasta Tocorón. Dichos movimientos, realizados en la noche del sábado 9 de noviembre, han generado inquietud entre los familiares, ante la posibilidad de nuevos traslados en las próximas horas.
La situación de los presos políticos en Tocorón refleja un desafío adicional dentro de un sistema penitenciario nacional ya crítico. A las condiciones de hacinamiento y deficiencias en servicios básicos, como el acceso a atención médica y alimentación adecuada, se suma que los presos políticos enfrentan restricciones más severas. La tortura, el aislamiento y la incomunicación son prácticas denunciadas frecuentemente por las familias, agravando la situación y limitando el contacto con el mundo exterior.
Además, el limitado acceso a actividades como deporte y educación priva a los internos de herramientas esenciales para su desarrollo personal. La falta de actividades físicas afecta su salud mental y física, mientras que la ausencia de oportunidades educativas limita su reinserción social al finalizar una condena, a menudo impuesta sin justificación.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), subraya que las Reglas Mandela y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas establecen un marco claro para asegurar el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, en Venezuela, se vulneran flagrantemente derechos fundamentales como el de la dignidad humana, la prohibición de la tortura, y el acceso a atención médica y alimentación adecuada.
Desde el OVP se ha expresado preocupación ante la situación de los presos políticos en Tocorón, quienes son víctimas de condiciones de hacinamiento crítico, tratos crueles y la negación de derechos humanos. Se exige su liberación inmediata y sin restricciones, en consonancia con los principios internacionales de derechos humanos.
