El gobierno de España se encuentra a la espera de confirmar oficialmente la excarcelación de dos ciudadanos españoles en Venezuela, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Exteriores. Este es un desarrollo significativo en la compleja situación de los detenidos políticos en el país sudamericano.
De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, las familias de estos ciudadanos informaron el sábado al Consulado español en Caracas que ambos habían sido liberados. Este aviso llegó el mismo fin de semana en que se registraron las primeras excarcelaciones en varios centros penitenciarios del norte del país. Se estima que unos 2.400 presos políticos fueron detenidos tras las protestas contra las presidenciales del 28 de julio, organizadas por el régimen de Nicolás Maduro.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su despacho ha solicitado ante los tribunales la revisión de 225 casos de los detenidos, un total que el Ejecutivo estima en 2.400 personas. Saab explicó en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que esta decisión se tomó “luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios” y en coordinación con los tribunales.
Fuentes diplomáticas consultadas por el ABC indican que «los dos presos políticos españoles -cuya identidad se mantiene bajo anonimato- salen en condiciones muy peculiares, con régimen de presentación periódica ante el juez y con la promesa de no hacer declaraciones».
El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció el 14 de septiembre que los españoles Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35 años, fueron detenidos en Puerto Ayacucho. Se les acusó de participar en un complot supuestamente orquestado por la oposición con el objetivo de asesinar a Maduro y otros líderes chavistas. Según las autoridades venezolanas, ambos estaban vinculados con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que el gobierno español ha negado rotundamente.
El 4 de octubre, durante una comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, José Manuel Albares, declaró que, tras confirmar la identidad de los detenidos, el gobierno venezolano autorizó su visita por el cónsul para recibir protección consular. No obstante, hasta finales de octubre, esta visita no se había concretado.
Este suceso representa un capítulo más en las complejas relaciones diplomáticas entre España y Venezuela, y se sigue de cerca cualquier avance que pueda llevar a la confirmación de la liberación de los ciudadanos españoles y a una posible mejora en la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El Nacional
