La incertidumbre y el desasosiego dominan la vida de las madres y familiares de presos políticos en Venezuela, quienes han sido llevados al límite mientras esperan la libertad de sus seres queridos. Este tenso ambiente se ha intensificado desde que el Fiscal Tarek William Saab anunció, el pasado viernes 15 de noviembre, la revisión de 225 casos, una acción que ha sido recibida con silencio por parte de las autoridades, incrementando la ansiedad entre los afectados.
En el Internado Judicial de Carabobo, conocido como la cárcel de Tocuyito, un grupo de madres se refugia en el suelo, cubiertas con cobijas gruesas, afuera de una licorería cercana al penal. “Esto es horrible, no se lo deseo a nadie”, comentó una madre que ha soportado noches al raso debido a la imposibilidad económica de costear un alojamiento. Los precios en la zona rondan entre $20 y $25 por noche, mientras que una habitación más modesta cuesta entre $3 y $5. A esto se suma el gasto de $2 por cada uso del baño.
El drama se extiende por todo el país. En el Centro Penitenciario Yare III en el estado Miranda, una madre expresó su determinación de no moverse del lugar hasta que su hijo sea liberado. En la cárcel de Tocorón, estado Aragua, la angustia de los familiares se exacerba ante la falta de información: “desde el sábado el director no volvió a salir y no sabemos nada”, lamentaron.
Las expectativas se vieron frustradas de nuevo el sábado 16 de noviembre, cuando las esperanzas de liberación fueron aplazadas sin mayor explicación. Las madres y familiares, que habían sido citados al Palacio de Justicia, recibieron la noticia de la suspensión del proceso. “El defensor nos dijo que ellos van a quedar para el próximo lote”, sin aclarar fechas, reveló una madre al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Condiciones Deterioradas y Crisis de Salud
Dentro de los penales, la situación es alarmante. Según testimonios, los detenidos sufren ataques de pánico y ansiedad, agravados por la precariedad de las condiciones de reclusión. Algunos han desarrollado trastornos de salud graves, lo que preocupa a los familiares que temen por la vida de sus seres queridos.
La falta de claridad sobre los criterios para decidir quiénes son liberados y quiénes permanecen en prisión genera desconcierto. Sin acceso a abogados de confianza ni información precisa, las familias exigen al Gobierno nacional una explicación clara sobre los procedimientos en curso.
Un Llamado a la Defensoría del Pueblo y al Gobierno
La Defensoría del Pueblo, representada por el Defensor Alfredo José Ruiz Angulo, tiene la responsabilidad legal de intervenir en este complejo escenario. La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos han instado a la liberación total de los presos políticos en Venezuela. Humberto Prado, director del OVP, enfatizó que estas liberaciones son un acto de justicia hacia aquellos que fueron encarcelados injustamente.
Finalmente, la publicación de un listado oficial de los excarcelados es fundamental para garantizar el derecho a la información, recogido en el artículo 51 de la Constitución venezolana. Prado subrayó el deseo de que todos los presos políticos puedan reunirse con sus familias en Navidad, reafirmando que la libertad y la justicia deben prevalecer en un país que aún lucha por sus derechos fundamentales.
“Como decía Martin Luther King: No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”, concluyó el director del OVP, llamando a la acción en pro de un cambio sustancial en el panorama político y social de Venezuela.
