El partido opositor venezolano, Voluntad Popular (VP), ha expresado su firme rechazo ante la reciente investigación iniciada por el Ministerio Público contra la líder opositora María Corina Machado. Según VP, esta acción legal es una “nueva excusa de la dictadura de Nicolás Maduro para detenerla”, tras el anuncio de la Fiscalía que implica a la exdiputada en un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
A través de un comunicado en la plataforma X, Voluntad Popular alertó a la comunidad internacional sobre lo que consideran una táctica para perseguir y detener a una figura prominente en la oposición venezolana. La Fiscalía, por su parte, ha señalado que la investigación contra Machado busca imputarla por promover y apoyar el proyecto legislativo del Senado de Estados Unidos, que prohíbe a instituciones del gobierno estadounidense contratar a entidades con vínculos comerciales con el Ejecutivo de Maduro.
El Ministerio Público ha clasificado el respaldo de Machado a esta normativa como actos que constituyen “traición a la patria”, conspiración con naciones extranjeras y asociación para delinquir. En respuesta, Voluntad Popular ha calificado la investigación como una “farsa”, acusando a la Fiscalía de actuar como «el brazo judicial de la dictadura». Desde la oposición, sostienen que cualquier investigación o decisión judicial carece de credibilidad y sustento legal.
María Corina Machado, en declaraciones recientes, advirtió sobre las repercusiones que el proyecto de ley tendría para el gobierno de Maduro. La normativa, conocida como la Ley Bolívar, busca restringir las operaciones y los arrendamientos con el régimen venezolano, enviando un mensaje contundente sobre las consecuencias de la represión y actividades ilícitas del gobierno.
En contraste, Maduro ha desestimado el proyecto de ley, describiéndolo como “basura”, y alertó que aquellos opositores que lo respalden podrían enfrentar consecuencias legales. Mientras tanto, el Parlamento, dominado por el oficialismo, ha aprobado la discusión de una ley orgánica que persigue inhabilitar políticamente a quienes soliciten sanciones económicas contra Venezuela respaldadas por países o grupos que clasifiquen como terroristas. Esta ley busca imponer inhabilitaciones políticas perpetuas, según lo destacado por el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez.
El proyecto de ley estadounidense, presentado por los representantes de Florida Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz, subraya la necesidad de que Estados Unidos mantenga y expanda las sanciones contra el régimen venezolano. Waltz enfatizó que estas medidas son cruciales para impedir que el gobierno de Maduro continúe abusando de las libertades y el bienestar del pueblo venezolano.
