En una reunión celebrada esta semana en La Haya, el embajador de Argentina, Mario Oyarzabal, expresó su firme oposición a permitir que el gobierno de Nicolás Maduro ejerza su derecho al voto en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta controversia surge a pesar de una deuda acumulada por Venezuela de 14.1 millones de euros desde 2018.
Durante el encuentro, el representante del gobierno de Maduro justificó la mora argumentando las sanciones internacionales impuestas a los funcionarios venezolanos. Sin embargo, esta postura generó inquietud entre los Estados miembros, lo que llevó a la Asamblea a considerar una revisión de los criterios para conceder el derecho al voto a países con deudas para el año 2025.
Según el artículo 112(8) del Estatuto de Roma, «una mora superior a dos años conlleva la suspensión del derecho a voto en la Asamblea de Estados Parte», tal como explicó la organización Provea. La situación de Venezuela fue un punto notable de discusión, destacando cómo las excepciones podrían afectar a la integridad del sistema de justicia internacional.
Argentina reafirmó su compromiso con las víctimas y la justicia, haciendo hincapié en la necesidad de aplicar rigurosamente las disposiciones del Estatuto. Provea también señaló que Liberia, con una deuda significativamente menor de 16,524 euros desde diciembre de 2022, fue otorgado el derecho al voto, subrayando la disparidad en la aplicación de las normas.
En palabras del embajador Oyarzabal, la intervención argentina fue una muestra de apoyo internacional hacia las víctimas y un esfuerzo por mantener la integridad del sistema de justicia internacional frente a posibles irregularidades. La comunidad internacional observa con atención estas deliberaciones, que podrían tener implicaciones significativas en la forma en que se administran las normas del Estatuto de Roma en el futuro.
EL Nacional
