El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) ha emitido una grave denuncia sobre la situación de los presos políticos en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Según la organización, los detenidos no están recibiendo comida adecuada, lo que ha provocado una significativa disminución de peso y complicaciones en su salud, especialmente en aquellos que padecen patologías preexistentes.
La organización expresó su preocupación en una publicación en la red social X, alertando a la comunidad internacional sobre el riesgo que estas condiciones representan para la integridad física y la vida de los presos políticos. La disminución en las porciones alimenticias permitidas ha sido identificada como una de las principales causas de este deterioro.
En un contexto más amplio de preocupaciones sobre los derechos humanos en Venezuela, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela también denunció el maltrato de adolescentes detenidos durante las protestas poselectorales, señalando que estos jóvenes han sido sometidos a condiciones que afectan su salud física y mental.
Además, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ha denunciado amenazas dirigidas a madres y familiares de los detenidos. Estas amenazas, según el comité, buscan silenciar las denuncias sobre el crítico estado de salud de los presos y podrían implicar la retirada de visitas, un empeoramiento de las condiciones de reclusión, e incluso advertencias de que «no saldrán nunca en libertad y morirán en prisión».
La organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, reportó que actualmente 1.905 personas permanecen encarceladas en el país, la mayoría tras las elecciones del 28 de julio. De estos, 1.863 son adultos y 42 son adolescentes de entre 14 y 17 años. Hasta la fecha, 149 personas han sido condenadas.
La situación de los presos políticos en Venezuela sigue atrayendo la atención internacional, con organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros exigiendo un cambio en las condiciones de reclusión y el respeto a los derechos fundamentales de todos los detenidos.
