Los seis opositores venezolanos que se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Caracas han cumplido ya 18 días bajo un asedio constante que ha comenzado a afectar gravemente su calidad de vida. Esta situación ha generado una amplia preocupación tanto a nivel nacional como internacional, con reiterados llamados para que se les otorgue un salvoconducto que permita su salida segura del país.
Desde el pasado 23 de noviembre, las medidas de hostigamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro han sido intensificadas, aumentando la presión sobre los asilados, quienes forman parte del equipo de la líder opositora María Corina Machado y del Comando Con Venezuela. Estas personas han reportado de manera continua la falta de servicios esenciales como agua y electricidad, además de la constante vigilancia y presión por parte de agentes del Estado en las cercanías de la embajada, que está bajo la supervisión de Brasil.
Una publicación reciente del partido Vente Venezuela (VV) denuncia que instituciones del Estado, como Corpoelec, han sido utilizadas de manera indebida para facilitar el asedio. Se menciona que el robo de fusibles eléctricos ha dejado a los asilados en la oscuridad y en riesgo de quedar incomunicados. La falta de electricidad ha forzado el uso prolongado de plantas eléctricas, llevando a fallas en los equipos eléctricos. Además, se ha advertido que la comida disponible está en riesgo de echarse a perder, agravando las condiciones de vida de los asilados.
El 30 de noviembre, Pedro Urruchurtu, uno de los asilados, comunicó a través de las redes sociales que «seguimos sin electricidad y nos impiden el acceso a agua potable. Se acaba de vaciar el tanque de agua, luego de racionar lo que quedaba». Estas declaraciones ilustran la crítica situación que enfrentan dentro de la sede diplomática.
Organizaciones como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) han condenado enérgicamente las acciones del gobierno venezolano, calificándolas como «una clara violación a los derechos humanos». Asimismo, han solicitado apoyo a la comunidad internacional, así como a los gobiernos de Argentina y Brasil, para que intervengan y pongan fin al asedio, garantizando la seguridad y el bienestar de los asilados.
En un comunicado, la mayor coalición opositora enfatizó que «la comunidad internacional debe presionar para que se ponga fin al asedio criminal a la Embajada de Argentina y se emitan cuanto antes los salvoconductos para los 6 compañeros allí asilados». Existe la esperanza de que la presión diplomática pueda aliviar la situación y asegurar la protección de los individuos afectados.
La situación sigue siendo tensa y el desenlace aún incierto, mientras las condiciones dentro de la embajada se deterioran de manera preocupante.
