Un video de cámaras de seguridad en el distrito de Ate, Perú ha captado un acto de crueldad animal que ha generado una ola de indignación entre la población y organizaciones protectoras de animales. Las imágenes muestran cómo una mujer, identificada como Carmen Griselda Romero Alvarado, lanza agua hirviendo a un perro callejero que se encontraba frente a un local de comida.
El incidente ocurrió durante la noche cuando el perro, de pelaje negro y tamaño mediano, se acercó al establecimiento, aparentemente atraído por el olor de los alimentos. Erika Yarahuaman Salazar, representante de la Unión de Animalistas del Perú, explicó que la agresora es vendedora del local y podría haber actuado de manera violenta debido a que su perra se encontraba en celo. Sin embargo, en lugar de optar por una medida menos agresiva para ahuyentar al can, Romero Alvarado decidió utilizar agua caliente.
Las consecuencias del acto fueron inmediatas: el perro huyó, visiblemente afectado por el dolor. «Al perrito le cayó, corrió a la pista y se ve cómo se revuelca del dolor y corre a un lugar desconocido. Hasta ahora no sabemos dónde está el perrito», reportó Yarahuaman en una declaración a RPP Noticias.
Este suceso ha reavivado el debate sobre la protección de animales callejeros en la ciudad, subrayando la necesidad de implementar políticas más estrictas. La Unión de Animalistas del Perú ha expresado su preocupación por la falta de medidas efectivas para garantizar el bienestar de estos animales, instando a las autoridades a actuar.
Medidas Legales y Consecuencias
Consultados por Buenos Días Perú, representantes de la Municipalidad de Ate confirmaron que el can sufrió quemaduras de segundo grado en una de sus patas traseras, pero afortunadamente recibió atención médica. Asimismo, se informó que tras asegurar el buen estado del animal, procederán a denunciar y multar a la agresora, buscando que enfrente las repercusiones legales de su acto.
En el Perú, el maltrato animal se considera un delito bajo la Ley 30407, vigente desde 2016, que estipula penas de prisión de hasta cinco años. Esta normativa reconoce a los animales como seres vivos con derechos a recibir cuidados adecuados, subrayando la responsabilidad de la sociedad y las autoridades en la protección de su bienestar.
