La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado enérgicamente la privación arbitraria de la libertad de seis adolescentes en Venezuela, detenidos en el contexto de las protestas postelectorales. La organización instó al Estado venezolano a liberarlos de manera inmediata y a poner fin a la persecución política en el país.
Según la organización Foro Penal, de las 177 personas menores de 18 años que fueron privadas de libertad de manera arbitraria tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, seis permanecen detenidas. Estas detenciones se caracterizan por violaciones al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a un recurso efectivo. Entre las irregularidades documentadas, se destacan la precalificación como “terroristas” por parte de las autoridades, el uso de tipos penales ambiguos como incitación al odio y terrorismo, la presentación telemática ante tribunales antiterrorismo sin la presencia de familiares, la asignación de defensores públicos de oficio y la denegación de acceso a los expedientes.
Adicionalmente, se han reportado condiciones de detención incompatibles con la dignidad de los adolescentes y sus necesidades especiales de atención. Esto incluye la falta de separación por categorías según sexo y edad, y la ausencia de contacto personal y directo con madres, padres, responsables y representantes legales. Las madres de algunos de estos adolescentes denunciaron que sus hijos fueron golpeados para obligarlos a confesar delitos no cometidos y fueron amenazados con recibir penas desproporcionadas si se negaban a admitir su participación en actos violentos.
Estos abusos demuestran la falta de independencia y autonomía de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, incumpliendo con su mandato de proteger los derechos humanos y garantizar la justicia.
La CIDH recuerda que, conforme a las obligaciones internacionales e interamericanas asumidas por Venezuela, el Estado está obligado a anular todos los actos procesales obtenidos mediante tortura o cualquier forma de coacción. Estas prácticas no solo constituyen una grave violación de normas internacionales de derechos humanos, sino que también vulneran el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, quienes requieren una protección especial. Además, estas acciones incumplen las garantías del debido proceso, que exigen procedimientos judiciales justos e imparciales.
En este contexto, es imperativo que Venezuela libere de forma inmediata e incondicional a los seis adolescentes detenidos arbitrariamente. Asimismo, el Estado debe adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia y separación de los poderes públicos, lo cual es esencial para garantizar un sistema de justicia imparcial y autónomo. Estas acciones son un mandato bajo las normas internacionales y una condición imprescindible para cumplir con el principio del interés superior de los adolescentes, asegurando su desarrollo pleno en condiciones de dignidad y justicia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, sin representar a sus países de origen o residencia.
