En un comunicado conjunto, varias organizaciones de derechos humanos han instado a las autoridades venezolanas a respetar el derecho a la protesta pacífica y a la libre expresión, en el marco de la creciente crisis política que enfrenta el país. Estas entidades consideran urgente encontrar vías de resolución pacífica que fortalezcan la democracia en la región.
Las organizaciones firmantes manifestaron su profunda preocupación por la falta de transparencia en el reciente proceso electoral que ha proclamado a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela para el período 2025-2031. Diversos líderes y autoridades regionales e internacionales han cuestionado la opacidad del proceso y la urgencia de una publicación y verificación de las actas electorales para asegurar la voluntad del pueblo venezolano. Además, se enfatiza la necesidad de abrir un espacio para el diálogo político.
Adicionalmente, el comunicado señala la alarmante escalada de violencia social y estatal debido a la represión de las manifestaciones, las cuales se han generalizado en 17 de los 24 estados del país. Según el fiscal general, Tarek William Saab, 749 personas han sido detenidas en relación con estas protestas, algunas acusadas de “terrorismo” e “incitación al odio”, lo que refuerza las preocupaciones sobre la falta de compromiso del gobierno venezolano con los principios democráticos fundamentales.
Estas acciones represivas, que incluyen detenciones arbitrarias y amenazas de encarcelamiento a líderes de la oposición, coartan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, dificultando así su libre expresión y participación política. La misión de las Naciones Unidas ha confirmado la muerte de al menos seis personas y decenas de heridos en el contexto de estas manifestaciones, lo que refleja una preocupante crisis de derechos humanos.
Ante estas circunstancias, las organizaciones exhortan a los gobiernos de la región a implementar medidas de apoyo para hacer frente a la posible nueva ola migratoria de venezolanos en busca de seguridad y condiciones de vida dignas. Reiteran la necesidad de políticas migratorias que prioricen los derechos humanos y la cooperación internacional para gestionar el flujo migratorio, facilitando vías seguras de tránsito y protección a los migrantes.
Con un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, el comunicado concluye expresando solidaridad con los líderes sociales y organizaciones venezolanas que luchan incansablemente por la democracia y la justicia. Además, se suman al llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instando a las autoridades venezolanas a respetar los derechos fundamentales y a buscar soluciones políticas pacíficas que no alimenten la violencia ni los autoritarismos.