La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una resolución para otorgar medidas cautelares a favor de Jesús Alexander Armas Monasterios, exconcejal de Caracas y activista político. La decisión fue adoptada el 31 de diciembre de 2024, en respuesta a la situación de gravedad y urgencia que enfrenta Armas, cuya detención por las fuerzas de seguridad venezolanas el 10 de diciembre de 2024 ha generado preocupaciones en cuanto a su integridad personal y derechos a la vida.
Jesús Armas fue detenido el 10 de diciembre de 2024 por fuerzas de seguridad en circunstancias que han suscitado alarma, ya que no se ha proporcionado información oficial sobre las condiciones de su detención ni sobre su estado de salud. Según informes, seis hombres encapuchados lo forzaron a subir a un vehículo sin placas. Esta situación ha sido denunciada por sus familiares y representantes legales, quienes han visitado centros de detención como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sin obtener respuestas sobre su paradero.
Ante la situación, la familia de Armas interpuso una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General de la República y presentó una queja en la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no han recibido respuesta ni se ha iniciado una investigación. Además, intentaron presentar un recurso de habeas corpus ante los Tribunales Penales de Caracas, pero este fue rechazado debido a la falta de autorización superior.
El 12 de diciembre de 2024, el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela informó sobre la detención de Armas por su presunta participación en la organización de disturbios. Posteriormente, se supo que estaba detenido en Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y habría sido sometido a torturas. Medios de comunicación reportaron que el 19 de diciembre fue trasladado al SEBIN, donde permanece incomunicado.
La CIDH, con base en el artículo 25 de su Reglamento, ha solicitado al Estado venezolano que adopte medidas para proteger los derechos de Armas, incluyendo:
- Confirmar si está bajo custodia estatal y proporcionar detalles de su detención.
- Asegurar que las condiciones de detención cumplan con los estándares internacionales.
- Garantizar el contacto regular con sus familiares y abogados.
- Realizar una evaluación médica inmediata y asegurar acceso a atención médica.
- Informar sobre las acciones para investigar los hechos y prevenir su repetición.
Esta medida cautelar no prejuzga una eventual petición ante el Sistema Interamericano sobre posibles violaciones de derechos.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de promover y defender los derechos humanos en la región. Está compuesta por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, quienes actúan a título personal y no en representación de sus países de origen.