Miami.- Dos estadounidenses han presentado una demanda contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de liderar una extensa “empresa criminal” que utiliza a ciudadanos estadounidenses como piezas en negociaciones diplomáticas con Estados Unidos. La querella, presentada por Matthew Heath y Osman Khan en un tribunal federal de Miami, alega torturas físicas y psicológicas padecidas durante su detención en Venezuela.
La demanda argumenta que el encarcelamiento de Heath y Khan fue parte de un plan sistemático para presionar al gobierno estadounidense a realizar concesiones políticas, como el levantamiento de un embargo petrolero y el intercambio de prisioneros. Los abogados de los demandantes sostienen que los funcionarios de seguridad bajo el mando de Maduro sometieron a los hombres a torturas, incluyendo ahogamiento simulado, electrocución, y amenazas de violación.
Heath, ex infante de Marina, fue arrestado en 2020 en Venezuela, acusado de espionaje y terrorismo. Según la demanda, se encontraba varado en Colombia debido a las restricciones aéreas por la pandemia de COVID-19 y buscaba llegar a Aruba. Por otro lado, Khan, quien trabajaba en Colombia, fue detenido en 2022 al cruzar la frontera venezolana, acusado de terrorismo y tráfico de personas.
El gobierno de Estados Unidos ha determinado que ambos hombres fueron detenidos injustamente. Fueron liberados en octubre de 2022 junto a otros detenidos estadounidenses a cambio de la liberación de los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores.
Entre los demandados se encuentran altos funcionarios del gobierno de Maduro, incluyendo al ministro de Defensa, al fiscal general, y al ministro del Interior, así como empresas estatales de petróleo y minería. Además, Heath y Khan acusan a Maduro de liderar el «Cartel de los Soles», un supuesto grupo de tráfico de drogas que inundaría Estados Unidos con cocaína.
Cobrar las multimillonarias compensaciones otorgadas en casos similares ha sido un desafío, dado que no se conocen activos del presidente Maduro o sus colaboradores en Estados Unidos. La localización y confiscación de bienes resultan complicadas debido a su posible titularidad en manos de testaferros.
La respuesta del gobierno venezolano a estas acusaciones no ha sido inmediata, aunque ha negado previamente que su intención sea encarcelar a estadounidenses. Otros casos de encarcelamiento de estadounidenses en Venezuela han concluido con destacadas sentencias en contra del gobierno venezolano, incluyendo una de 73 millones de dólares por la muerte de un opositor bajo custodia y otra de 153 millones por la encarcelación de un abogado venezolano exiliado.
VA
