La masacre en la cárcel de Uribana, ocurrida el 13 de enero de 2013, sigue siendo una dolorosa herida en la historia contemporánea de Venezuela. Doce años después, los responsables de la trágica jornada en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en el estado Lara, permanecen en libertad. Esta tragedia resultó en la muerte de 65 personas, incluidos 63 privados de libertad, dos pastores evangélicos y un funcionario de la Guardia Nacional. Además, dejó a 120 reclusos heridos y el penal completamente desalojado.
Un sobreviviente de la masacre recuerda vívidamente la escena de horror: «Cierro los ojos y veo cómo caen a mi lado los cuerpos de mis compañeros… escucho los gritos y las ráfagas de tiros». Este testimonio forma parte de los relatos recogidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que reflejan la desesperación de aquellos que vivieron los violentos acontecimientos de ese día.
La operación, inicialmente planeada como una requisa y conteo de prisioneros, fue acordada entre el gobierno y los «pranes», líderes dentro del penal. De acuerdo con los sobrevivientes, el operativo degeneró en violencia cuando, tras una confrontación menor, los funcionarios abrieron fuego contra los reclusos en la cancha, conocida como «campito».
A pesar de las pruebas, que incluyen testimonios y heridas de alto calibre registradas en los cuerpos de las víctimas, no se han presentado cargos ni detenciones. La investigación prometida por la Asamblea Nacional en su momento nunca prosperó, y figuras clave como Nelson Braca, director del penal en aquel entonces, no fueron investigadas.
El penal de Uribana, bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007, no ha visto responsabilidad asumida por el Estado venezolano respecto a esta masacre. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otros órganos estatales, involucrados teóricamente en la protección de los derechos fundamentales, no han ofrecido respuestas ni justicia a las familias de las víctimas.
El OVP lamenta profundamente la impunidad persistente y recuerda que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La búsqueda de justicia y reparación para las víctimas sigue siendo un asunto pendiente. Este caso refleja un patrón de falta de rendición de cuentas que, según observadores, caracteriza el sistema penitenciario y el régimen vigente en Venezuela.
