Portuguesa.- «Es triste y lamentable que el derecho a la libertad este régimen lo haya enviado a la sepultura en nuestro país, ya que en los primeros días del mes de enero se han llevado a cabo 83 detenciones arbitrarias, incluyendo a periodistas que estaban cumpliendo con su trabajo».
Así lo expresó el doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, quien añade que el sistema de justicia sigue dando luz verde a los organismos de seguridad del Estado para que sigan violando el artículo 44 de la Constitución, donde se establece «que la libertad personal es inviolable«.
Narváez exigió al sistema de justicia el cese de las detenciones arbitrarias y que al mismo tiempo retome el camino de la legalidad de la Constitución, así como también el de los pactos internacionales en materia de derechos civiles y políticos que fueron suscritos y ratificados por el Estado venezolano.
Resalta que no es posible que se les permita a los cuerpos de seguridad del Estado seguir cometiendo tantas atrocidades con total impunidad, irrespetando un derecho humano sagrado como el derecho a la libertad.
Acusó que a los organismos de seguridad no les importa si alguna persona tiene alguna discapacidad para detenerlos, o si son periodistas en pleno ejercicio de su profesión.
- Se los llevan detenidos sin ningún tipo de contemplación. A esto hay que sumarle algo más grave como la negación de informar a los familiares el lugar de detención por espacio de una semana o más días – comentó.
El jurista reiteró que se han registrado 83 detenciones arbitrarias desde el 1° de enero hasta el día 12.
- Es una política de persecución con cárcel implacable e inhumana que no tiene nada que envidiar a las ejecutadas por la Seguridad Nacional dirigida por Pedro Estrada. Los detenidos, en su mayoría dirigentes políticos, son sometidos a tratos crueles e inhumanos y degradantes con torturas, indicó.
Para Narváez estamos en presencia de una política implacable y destructora de todos los derechos civiles y políticos, al igual que de las garantías establecidas en la Constitución que fue aprobada en el año 1999.
Para concluir, expresó que en estos momentos se está ejecutando una Constitución de bolsillo, impregnada de parcialidad política, odio y resentimiento.
Miguel Enrique Villavicencio
