Portuguesa. – «El grave daño causado por el sistema de justicia a la Constitución nacional y los Derechos Humanos es irreparable».
Tal criterio pertenece al doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, quien agregó que la falta de independencia y autonomía de los poderes públicos, lamentablemente es el gran el obstáculo del ciudadano que clama justicia.
Continuó diciendo que lo más grave y dañino para los derechos civiles y políticos, así como también para las garantías constitucionales, es cuando existe un sistema de justicia con militancia política que está sometido a disciplina partidista, que además usa todo su poder en alianza con los cuerpos élites de seguridad del Estado, con el fin de callar las diferencias y limitar el derecho a manifestar pacíficamente como lo establece la Constitución en su artículo 68.
A su juicio, el sistema de justicia venezolano sigue actuando sin miramientos para cometer atrocidades y accionar con represión, ejecutando detenciones arbitrarias, ocultando información del paradero a sus familiares por espacio por más de una semana.
A esto hay que sumarle los tratos crueles e inhumanos con torturas en los centros de detención como El Helicoide, mejor conocido como «La cuna de la tortura«, entre otros que permanecían clausurados como Tocorón y Tocuyito, cuyas cárceles fueron abiertas para albergar a adolescentes que alzaron su voz en reclamo de la soberanía popular que se expresó a través del voto, el pasado 28 de julio – destacó.
Narváez expresa que esta es la conducta del sistema de justicia venezolano que desechó todas las atribuciones, facultades y competencias establecidas en la Constitución, las cuales son de obligatorio cumplimiento, lo que lo convierte en el adversario más letal de los derechos humanos de toda la sociedad.
Para Narváez, estamos en presencia de un régimen político que siempre está enarbolando las banderas de la paz, pero que al mismo tiempo ejecuta políticas represivas acompañado del uso de componentes militares y cuerpos de seguridad del Estado, con el fin de silenciar con represión y detenciones los reclamos justos de ciudadanos y dirigentes políticos, al igual que el de los periodistas que, asumiendo el libre ejercicio del periodismo, fueron a parar a la cárcel de manera arbitraria.
- «El camino de la paz no se construye con cárcel, por el contrario se inicia con tolerancia y justicia imparcial» – finalizó diciendo el abogado penalista.
Miguel Enrique Villavicencio
