El partido Primero Justicia (PJ) ha emitido un comunicado este fin de semana, en el que advierte sobre la imposibilidad de Venezuela para cumplir con el pago de una indemnización de 8.700 millones de dólares a la petrolera estadounidense ConocoPhillips, tras la ratificación de esta obligación por parte del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
En su declaración, el partido subrayó que Venezuela carece de liquidez internacional para afrontar este pago, mencionando que el país ha malgastado más de un billón de dólares provenientes de exportaciones petroleras durante el periodo 1999-2024. Además, PJ destacó que Venezuela enfrenta más de veinte demandas en tribunales internacionales, consecuencia de la política de expropiaciones iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2007, la cual, según el comunicado, generó una caída en la producción petrolera venezolana a partir de 2008.
PJ también alertó sobre las posibles consecuencias de esta medida del Ciadi, señalando que los activos venezolanos están en riesgo de ser tomados por ConocoPhillips para saldar sus acreencias. Esto incluye la posible confiscación de Citgo y de cualquier buque transportando petróleo bajo titularidad de PDVSA, la estatal petrolera venezolana.
El comunicado rememora la decisión de Chávez en 2007 de estatizar las empresas extranjeras asociadas con PDVSA, un cambio que afectó a compañías como Conoco, que tenía el 40% de los activos en los proyectos mixtos Petrozuata y Hamaca en la Faja del Orinoco, así como en el campo petrolero de Corocoro, operado bajo un esquema de ganancias compartidas.
La disputa legal comenzó en 2010 después de que las negociaciones sobre la compensación no llegaran a un acuerdo, con Conoco demandando más de 20.000 millones de dólares mientras el Gobierno ofrecía 2.000 millones de dólares. Las demandas contra PDVSA y la República incluyeron un reclamo de 1.500 millones de dólares más 48 millones adicionales para Petrozuata y Hamaca, y 7.000 millones de dólares por la expropiación del campo Corocoro.
Tras un largo proceso judicial, Venezuela solicitó la nulidad del laudo inicial del Ciadi, argumentando falta de representación legal ante el tribunal. Con este asunto corregido, el Ciadi ordenó el pago de 8.700 millones de dólares el pasado 24 de enero de 2025.
Primero Justicia, que se describe como defensor de los intereses venezolanos, ha exigido una solución de carácter nacional para proteger los activos del país, que considera en peligro debido a las expropiaciones y al endeudamiento irresponsable. El partido responsabiliza a lo que denomina un régimen que ha llevado a Venezuela a la peor crisis económica de su historia.
