La reciente decisión del gobierno del entonces presidente Donald Trump de revocar una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficiaba a 600,000 venezolanos en los Estados Unidos, ha generado una ola de críticas y preocupación entre la comunidad internacional. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) ha emitido un comunicado expresando su claro rechazo a esta medida, señalando las graves consecuencias que podría acarrear.
En su comunicado, Veppex destaca que, de confirmarse la decisión de la Secretaría de Seguridad Nacional de no extender más esta protección, más de 600,000 personas se verían en una situación de ilegalidad dentro de los Estados Unidos. Este grupo de venezolanos ha buscado amparo debido a la grave crisis que se vive en su país de origen, bajo el mandato no reconocido de Nicolás Maduro, quien continúa en el poder sin el respaldo constitucional adecuado.
La organización sostiene que la revocación del TPS no solo dejaría a miles de personas en incertidumbre legal, sino que también podría ser interpretada como un reconocimiento implícito al régimen de Nicolás Maduro, sugiriendo una falsa normalidad en Venezuela. Esta situación, afirman, no refleja la realidad crítica que enfrentan quienes residen en el país.
Además, Veppex ha hecho un llamado a congresistas influyentes en temas de inmigración, como Mario Díaz Balart, Carlos Giménez, María Elvira Salazar, y al Secretario de Estado, Marco Rubio, para que intervengan y aclaren a la Secretaría de Seguridad Nacional que los beneficiarios del TPS no están asociados con actividades delictivas, como el conocido grupo criminal «Tren de Aragua».
El presidente de Veppex, José Antonio Colina, enfatizó la importancia de distinguir entre los inmigrantes que buscan seguridad y aquellos con antecedentes criminales, aplaudiendo las medidas que buscan expulsar a estos últimos del territorio estadounidense. Sin embargo, Colina rechaza cualquier intento de etiquetar a todos los inmigrantes venezolanos como delincuentes, reafirmando que «Venezuela no es un país seguro, ni siquiera para los que viven dentro de su territorio.»
La comunidad internacional y las autoridades estadounidenses están ahora en el centro del debate sobre cómo manejar la situación de estos cientos de miles de venezolanos, quienes dependen del TPS para asegurar su estadía legal y su bienestar en los Estados Unidos.
