El gobierno de Nicolás Maduro ha solicitado el cierre de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, en el marco de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esta medida, anunciada esta semana, implica que dichas oficinas consulares quedarán cerradas y sin atención al público.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile señaló que, tras la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, los consulados deberán cesar sus operaciones de inmediato. «El gobierno de Chile lamenta esta situación, que afecta a miles de connacionales en Venezuela y ciudadanos venezolanos que requieran atención consular», se lee en el comunicado, añadiendo que se están evaluando alternativas para garantizar el apoyo necesario a los ciudadanos chilenos residentes en Venezuela.
La embajada de Chile en Venezuela ha estado cerrada desde agosto, luego de que Nicolás Maduro ordenara la salida de la diplomacia chilena. Esta decisión se produjo tras las declaraciones del presidente chileno Gabriel Boric, quien calificó de fraudulentas las elecciones del 28 de julio, que Maduro afirma haber ganado, pese a no presentar las actas de votación.
Las tensiones entre ambos países no son recientes. La relación se ha visto afectada por eventos anteriores, como el incidente relacionado con la banda criminal Tren de Aragua y el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago, ocurrido hace un año. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó la semana pasada que testigos en la investigación del crimen de Ojeda implican a autoridades venezolanas. Uno de los testimonios incluso sugiere que «el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello«, actual ministro de Interior venezolano.
La tesis de la Fiscalía chilena, que desde un inicio se enfocó en un móvil político, cuenta con el respaldo del gobierno de Gabriel Boric.
El cierre de los consulados y la ruptura de relaciones diplomáticas representan un desafío para ambos países, especialmente en términos de atención consular y protección de los derechos de sus ciudadanos en el exterior. La situación está siendo evaluada por el gobierno chileno para mitigar el impacto sobre sus ciudadanos.
