El legislador de Florida, Carlos Giménez, ha instado a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a encontrar una solución para los venezolanos que cumplen con la normativa del Estatus de Protección Temporal (TPS). En su llamado, Giménez subrayó que no todos los venezolanos «pertenecen al Tren de Aragua«, una organización criminal transnacional.
Giménez, con raíces cubanas, ha enviado una carta a Noem después de la reciente decisión de revocar la extensión del TPS para los venezolanos, que estaba prevista hasta octubre de 2026 bajo la administración anterior de Joe Biden. Como resultado de esta decisión, el TPS, que permite a más de 600,000 venezolanos residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, expirará el 10 de septiembre de 2025.
«Muchos venezolanos han llegado a nuestro país bajo estas condiciones, se han integrado a nuestras comunidades, respetado las leyes y aportado con trabajos honestos», defendió Giménez, destacando las contribuciones positivas de los exiliados venezolanos.
En un mensaje público difundido a través de su cuenta en redes sociales, el congresista republicano reconoció que algunos ciudadanos venezolanos están vinculados a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y han «aprovechado nuestro generoso sistema». Sin embargo, enfatizó que «si bien los miembros de la pandilla Tren de Aragua son venezolanos, no todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua. No debemos permitir que las acciones de unos pocos estigmaticen injustamente a toda una comunidad».
Anteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había justificado la extensión del TPS para los venezolanos durante la administración de Biden, citando «la grave emergencia humanitaria» que Venezuela continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inconstitucional de Nicolás Maduro.
En los últimos años, miles de venezolanos han buscado mejores oportunidades en Estados Unidos, huyendo de la crisis social y política que afecta a su país. Según datos de ACNUR, más de 7,7 millones de personas han abandonado Venezuela, convirtiéndose en la mayor crisis de desplazamiento en el continente.
Este tema sigue siendo de gran relevancia para las comunidades afectadas y para los legisladores que buscan un balance adecuado entre la seguridad nacional y el apoyo humanitario.
