La reciente suspensión de fondos y el recorte presupuestario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pone en incertidumbre numerosos programas sociales en América Latina. La decisión, impulsada por el presidente Donald Trump, amenaza con interrumpir la cooperación internacional que hasta el momento beneficiaba a millones de personas en 130 países. En 2024, USAID había destinado aproximadamente 2.300 millones de dólares a la región, un soporte vital para diversas iniciativas.
El recorte, originalmente planteado como una medida temporal de noventa días para reducir el gasto público, ha evolucionado hacia un panorama incierto para USAID. Elon Musk, responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, ha señalado que “ha llegado el momento de que muera”. Aunque un juez federal bloqueó temporalmente la decisión, se planean reducciones drásticas en el personal de USAID, bajando de 10.000 a solo 290 puestos considerados esenciales.
La reorganización de USAID se traduce en el cierre de oficinas y la transferencia de su control al Departamento de Estado, marcando el fin de seis décadas de operaciones que han canalizado miles de millones de dólares en ayuda humanitaria. Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group para la Región Andina, subrayó que «Estados Unidos es un donante clave y su ausencia es insustituible.»
En Colombia, USAID había asignado cerca de 400 millones de dólares en 2024 a programas que abarcan desde cooperación judicial hasta educación y medioambiente, situación que se replica en otros países de la región. Stephani López, consultora en políticas migratorias, advirtió que el recorte impacta directamente a entidades como Migración Colombia y limita la capacidad operativa en fronteras claves.
Uno de los sectores más afectados es el de la gestión migratoria, un tema crucial para la actual administración estadounidense. La política de externalización migratoria que delegaba parte de la gestión a países vecinos se enfrenta a un futuro incierto. López explica que «el cierre de las oficinas de movilidad segura impone más barreras a los migrantes» y la falta de financiamiento afecta directamente a los programas de reintegración.
La reducción de cooperación también incide en áreas técnicas críticas en Brasil y Perú. En Brasil, acuerdos para la preservación del ecosistema amazónico están en riesgo, afectando tanto a ONG locales como a comunidades rurales. En Perú, el acceso a fondos destinados a la protección contra el narcotráfico y el Amazonas podría verse comprometido, según revelaron las autoridades.
Por otro lado, en Guatemala y Honduras, el congelamiento de fondos amenaza proyectos en justicia, salud y agricultura, entre otros sectores vitales. En El Salvador, el retiro de fondos estadounidenses pone en peligro iniciativas ligadas al desarrollo humano y la transparencia, mientras que en México se levantan voces que critican la desaparición de fondos que sostienen organizaciones de apoyo a migrantes y personas LGBTI.
En República Dominicana, el presidente Luis Abinader ha instado a las autoridades estadounidenses a restablecer la ayuda humanitaria a Haití, alertando sobre el riesgo de una crisis migratoria que podría desestabilizar la región.
La drástica reducción de fondos de USAID crea un vacío significativo que los gobiernos latinoamericanos deberán afrontar, representando un desafío presupuestario en un contexto de limitaciones fiscales comunes en toda la región, según advierte Elizabeth Dickinson.
EFE
