El Centro Carter ha publicado su informe final sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, concluyendo que el proceso no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y, por tanto, no puede considerarse democrático. El documento, divulgado el pasado lunes 17 de febrero, critica severamente la falta de transparencia en el anuncio de los resultados y la aparente falsificación de los mismos, afirmando que tales actos demuestran la incapacidad de las autoridades venezolanas para llevar a cabo una elección auténticamente democrática.
El informe subraya que aunque el Acuerdo de Barbados estableció compromisos para mejorar las condiciones electorales, el proceso reflejó un claro sesgo a favor de Nicolás Maduro. Este sesgo, según el Centro Carter, fue evidente en el proceso de inscripción de candidatos, la prohibición del voto a la mayoría de los venezolanos en el exterior y en las condiciones desiguales para la campaña.
El Centro Carter, que desplegó observadores en Caracas, Valencia, Barinas y Maracaibo, destaca la ausencia de un marco legal neutral, un organismo electoral imparcial y transparente, y la falta de libertad para las campañas políticas y para el ejercicio del periodismo. No se observaron condiciones de competencia libre y justa, ni igualdad de oportunidades para supervisar el proceso electoral, además de la carencia de mecanismos imparciales y efectivos para resolver disputas.
El informe del Centro Carter también señala que los resultados anunciados por el CNE no pudieron verificarse de manera independiente, lo que constituye una grave violación de los principios electorales. A pesar de que el CNE declaró a Maduro ganador con el 51.2% de los votos, el informe indica que las actas publicadas por la oposición son confiables y que el número disponible confirma un resultado irreversible a favor de la oposición. Esto ha sido ratificado por la suspensión de las auditorías poselectorales donde se hubiera verificado el ciberataque mencionado por el CNE.
A nivel internacional, más de 20 países y organismos como la Unión Europea y Naciones Unidas han desconocido los resultados y han exigido una auditoría independiente de los comicios. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, validó los resultados sin permitir una revisión independiente, consolidando así el desconocimiento de las elecciones por parte de la comunidad internacional.
En su informe, el Centro Carter insta a las autoridades venezolanas a respetar la voluntad de los ciudadanos mediante una revisión transparente e independiente de los resultados. Entre sus recomendaciones se incluye la derogación de leyes que restringen la libertad de expresión, como la Ley contra el Fascismo y el Neofascismo, y la mejora de procedimientos electorales para aumentar la confianza en el sistema. Se sugiere también la creación de un registro de votantes integral para los migrantes venezolanos y la adopción de medidas efectivas para asegurar el financiamiento político transparente.
El llamado a una revisión independiente y la implementación de reformas electorales busca restaurar la confianza en el proceso democrático en Venezuela, así como garantizar el respeto a los derechos políticos fundamentales de su población.
