En los últimos meses, se ha observado un incremento en las medidas de control migratorio y las políticas de hostigamiento contra ciudadanos venezolanos en Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado señalando la existencia de detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscación de bienes y documentos, así como tratos discriminatorios y vejatorios por parte de las autoridades estadounidenses. En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro emitió una alerta de viaje para los venezolanos que planeen desplazarse o transitar por territorio estadounidense.
El comunicado, difundido a través de Telegram, destacó que estas acciones incluyen «encarcelamientos sin debido proceso» y «secuestro en cárceles de terceros países», lo que constituye, según el comunicado, una violación clara de los derechos humanos. Ante esta situación, el gobierno de Maduro recomendó a los venezolanos en Estados Unidos «extremar precauciones», subrayando un «incremento de incidentes violentos» y la implementación de «normativas que restringen derechos fundamentales» que podrían comprometer su seguridad y bienestar.
Paralelamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, instó a los venezolanos a evitar viajar a Estados Unidos, calificando al país norteamericano como «no seguro para los venezolanos». En una rueda de prensa, Rodríguez anunció su intención de solicitar al gobierno que emita una recomendación oficial para desalentar los viajes a Estados Unidos, con el objetivo de proteger a los venezolanos de las estrictas políticas migratorias y la falta de garantías en los derechos humanos para los migrantes. También exhortó a los venezolanos en Estados Unidos a considerar regresar, enfatizando que «no vale la pena arriesgarse».
Este llamado surge en un contexto de tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington, tras el envío por parte de Estados Unidos de 238 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. A estos migrantes se les acusa de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Rodríguez calificó estas acusaciones como «una falsedad para secuestrar gente», cuestionando la legitimidad de tales imputaciones y señalando la falta de debido proceso.
Estas medidas estadounidenses están basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros promulgada por el entonces presidente Donald Trump. La decisión implica que todos los venezolanos mayores de 14 años vinculados al Tren de Aragua, que no sean ciudadanos naturalizados o residentes permanentes legales, corren el riesgo de ser detenidos y expulsados de Estados Unidos.
El gobierno de Nicolás Maduro ha expresado su determinación de «rescatar a los secuestrados en El Salvador», comprometiéndose a no descansar hasta lograr el regreso de sus compatriotas. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre los derechos y la seguridad de los migrantes venezolanos en el contexto de las actuales políticas migratorias de Estados Unidos.
Espiga Noticias
