Ginebra.- El Gobierno de Venezuela sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes. Así lo afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en su última actualización respecto a la situación de los derechos humanos en el país.
En una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Misión indicó que persisten las detenciones arbitrarias de personas opositoras, o percibidas como tales, incluidas miembros de la oposición política, así como personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Fuentes no gubernamentales han documentado al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más durante los primeros 15 días de enero de 2025. Algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.
«El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades», declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión. «Este es el mismo patrón de actuación que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad».
La Misión también expresó inquietud por la detención de al menos 150 personas extranjeras, acusadas de participar en conspiraciones contra el Gobierno. Las familias y autoridades de sus países desconocen la suerte y el paradero de estas personas. Francisco Cox, experto de la Misión, afirmó: «Los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados por el Gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional». Agregó que los detenidos se encuentran bajo estrictos regímenes de incomunicación, lo que contraviene el derecho nacional e internacional.
Durante su presentación, la Misión proporcionó detalles sobre una de las protestas poselectorales de julio de 2024 en el estado de Aragua, donde murieron siete personas. Confirmaron que hubo disparos sin previo aviso desde el interior de una instalación militar hacia los manifestantes. «La Misión ha identificado a tres generales involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales presentes dentro de la instalación militar desde donde se disparó», indicó Patricia Tappatá, experta de la Misión. «El Estado de Venezuela debe investigar este incidente, llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas».
La Misión solicitó al Consejo que inste al Gobierno a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, y a brindarles atención médica adecuada mientras permanezcan detenidas.
Antecedentes: En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. En su resolución 57/36, el Consejo prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta octubre de 2026.
