Un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha revelado que muchos venezolanos deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros no poseen antecedentes penales en Estados Unidos. En una declaración jurada, Robert Cerna, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE, explicó que la ausencia de registros criminales en estos casos no implica que los deportados no representen una amenaza.
La declaración del funcionario fue reseñada por ABC News y destaca que la falta de antecedentes penales se debe, en parte, al corto tiempo que algunos de estos individuos han residido en el país. Sin embargo, Cerna subrayó que el hecho de no tener un historial criminal en Estados Unidos no descarta que puedan constituir un peligro. Según el funcionario, las autoridades detuvieron a los deportados bajo la premisa de su posible afiliación al Tren de Aragua, una banda criminal clasificada como organización terrorista por Estados Unidos.
ICE ha aclarado que su investigación no se basó únicamente en publicaciones en redes sociales o en tatuajes. Se utilizaron métodos diversos, incluidos testimonios de víctimas y controles informáticos. Algunos deportados sí tienen antecedentes fuera de Estados Unidos y al menos cinco enfrentan alertas de Interpol por delitos como violación, secuestro, trata de menores y posesión ilegal de armas.
La administración de Donald Trump ha respaldado las deportaciones, justificando que la presencia irregular de estos individuos en el país constituye una base suficiente para su expulsión. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, El Salvador tiene la potestad de deportar a aquellos no vinculados con el Tren de Aragua a Venezuela. Rubio afirmó que, aunque algunos deportados carecen de antecedentes penales verificables, las investigaciones llevadas a cabo por el FBI y otras agencias de inteligencia habrían durado más de un año, enfocándose en identificar a miembros del grupo criminal.
La falta de transparencia en torno a las identidades y el estatus legal de los deportados ha generado incertidumbre y debate. La situación abre interrogantes sobre los métodos de identificación y el impacto de estas deportaciones en las relaciones internacionales. El efecto de estas políticas sobre las comunidades migrantes y los derechos humanos seguirá siendo objeto de análisis y discusión a medida que se desarrolla esta compleja situación.
El Nacional
