La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su creciente preocupación por los devastadores impactos que la minería ilegal de oro está provocando en el medio ambiente, los ecosistemas y las comunidades de diversas regiones de América Latina. Este fenómeno ha afectado gravemente a las comunidades indígenas, la biodiversidad y la estabilidad social.
Durante una audiencia temática de la CIDH en noviembre de 2023, organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre la magnitud de estos impactos en países como Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia y Perú. Se subrayó que la contaminación por mercurio ha alcanzado niveles alarmantes en ciertas cuencas fluviales, afectando la salud de comunidades locales e indígenas, especialmente en la región amazónica. La expansión sin control de esta actividad está devastando áreas protegidas y territorios ancestrales, exacerbando la crisis ambiental y social.
En Colombia, la minería ilegal de oro es identificada como una de las principales causas de contaminación de los ríos y desplazamiento forzado de comunidades, debido a su conexión con economías ilícitas y grupos armados ilegales. Esta actividad financia estructuras criminales, aumentando la violencia contra comunidades rurales y defensores del medio ambiente.
La CIDH y REDESCA, en octubre de 2024, advirtieron sobre la alarmante situación del pueblo Yanomami en el Arco Minero del Orinoco. Denunciaron el desplazamiento forzado, la violencia, y la crisis sanitaria provocadas por la extracción ilícita de oro. La presencia de grupos armados y redes de trata ha profundizado la crisis humanitaria en la región.
En Surinam, durante una reciente audiencia, se discutieron los impactos asociados a la minería de oro, exacerbados por el uso de cianuro y mercurio que contaminan fuentes de agua, afectando la salud de las comunidades locales.
La REDESCA también ha observado que en algunos países, aunque la minería de oro opera legalmente, lo hace bajo estructuras que permiten evadir regulaciones ambientales. En El Salvador, tras la derogación de la prohibición de minería metálica en 2017, la nueva Ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre de 2024 ha suscitado preocupaciones sobre posibles impactos ambientales negativos.
Tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y el Convenio sobre la Diversidad Biológica establecen marcos claves para mitigar estos impactos, pero su implementación ha sido desigual. La REDESCA enfatiza la necesidad de ratificar estos instrumentos y mejorar la cooperación regional.
Finalmente, la REDESCA insta a los Estados a fortalecer la protección de los territorios indígenas expuestos a la minería, asegurando su derecho a la autodeterminación y participación en decisiones sobre sus tierras. También hace un llamado urgente para erradicar la minería ilegal, promoviendo la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos.
La Relatoría Especial ha sido creada por la CIDH para fortalecer la protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente, liderando los esfuerzos en esta materia.
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