En una reciente sesión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la delegación diplomática de El Salvador afirmó que los migrantes venezolanos deportados a su país son criminales comprobados y miembros de estructuras del crimen organizado transnacional. La declaración se realizó tras la presentación del informe de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela.
Durante su intervención, los diplomáticos salvadoreños rechazaron firmemente las declaraciones del gobierno de Nicolás Maduro y de algunos familiares de los deportados. Estos últimos han negado que los 261 venezolanos trasladados desde Estados Unidos y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) tengan vínculos con la banda criminal conocida como Tren de Aragua.
La diplomática salvadoreña enfatizó: «El Salvador rechaza de la manera más enérgica y categórica las afirmaciones infundadas por la delegación de Venezuela respecto a asuntos internos de nuestro país. Estas declaraciones carecen de sustento y distorsionan la realidad de nuestro firme compromiso con la seguridad, la paz y el respeto a los derechos humanos». Además, reafirmó que «todas las personas trasladadas a nuestro centro de confinamiento del terrorismo son criminales comprobados y miembros de estructuras del crimen organizado transnacional».
En cuanto a la cooperación en seguridad con otros países, aseguró que se realiza «en el estricto apego a las normas nacionales e internacionales».
A pesar de no rechazar las deportaciones, el secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó que los traslados de migrantes entre países, como los realizados por Estados Unidos hacia El Salvador, deben hacerse «respetando el debido proceso, sus derechos fundamentales y su dignidad más básica». A través de su portavoz adjunto, Farhan Haq, Guterres recordó que los migrantes deben tener «acceso a un proceso justo y eficiente».
En relación a los 261 migrantes deportados recientemente, de los cuales 238 son venezolanos y 23 salvadoreños, Haq indicó que confía en que ACNUR seguirá explorando este asunto.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, defendió la decisión del gobierno de Donald Trump de deportar a migrantes venezolanos a El Salvador, calificándolos como «criminales reconocidos». Rubio aclaró que, en caso de que alguno no esté vinculado a estos delitos, su estatus ilegal en Estados Unidos justificaría su deportación a Venezuela por parte de El Salvador. «Si resulta que uno de ellos no lo es, entonces simplemente está ilegalmente en nuestro país, y los salvadoreños pueden deportarlo a Venezuela», expresó.
Este complejo escenario pone de manifiesto la tensión entre los derechos humanos y las políticas migratorias y de seguridad adoptadas por los gobiernos implicados, resaltando la necesidad de un enfoque equilibrado y respetuoso del debido proceso en estos procedimientos.
El Nacional
