El gobierno de Panamá ha implementado un «permiso de protección de seguridad humanitaria», destinado a regularizar la situación de extranjeros indocumentados que llevan más de un año en el país. Este permiso, según el Decreto Ejecutivo Número 6 del 11 de marzo de 2025, firmado por el presidente José Raúl Mulino, tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá ser prorrogado por otros seis.
El nuevo permiso, además de permitir la regularización de inmigrantes, concede una visa de trabajo, facilitando la integración laboral de los beneficiarios. El proceso para obtener este visado migratorio y laboral tiene un costo de 1.250 dólares, mientras que la prórroga de otros seis años requerirá un desembolso adicional de 450 dólares. El decreto establece que los fondos recaudados se destinarán a servicios de ayuda social y seguridad.
Esta iniciativa surge después de las medidas tomadas por el anterior gobierno, liderado por Laurentino Cortizo, que en julio de 2023 había instaurado un «permiso temporal de protección». Este permiso ofrecía un estatus migratorio no prorrogable de dos años a los extranjeros que ya contaban con al menos un año de residencia irregular en Panamá.
El nuevo permiso se enmarca en un contexto de ajustes y cambios en la política migratoria del país. En 2019, el programa de regularización «Crisol de Razas», también conocido por haber sido impulsado durante la administración de Ricardo Martinelli, fue eliminado. Este programa había proporcionado permisos provisionales a inmigrantes en situación irregular, pero su eliminación dejó a muchos en un estado de incertidumbre migratoria.
El ex presidente Juan Carlos Varela optó por prorrogar este programa en 2015, otorgando un permiso temporal de seis años a aproximadamente 39.000 extranjeros para evitar que ingresaran en la ilegalidad.
En Panamá, con una población de 4,2 millones de habitantes, residen 249.000 extranjeros, según datos del censo nacional de 2023. Este nuevo permiso representa un esfuerzo del actual gobierno para abordar los desafíos migratorios y ofrecer una solución sostenible para aquellos que buscan regularizar su situación en el país.
A través de esta medida, Panamá continúa buscando un balance entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes que contribuyen al desarrollo social y económico de la nación.
