La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Úrsula León, ha defendido la reciente declaración del estado de emergencia en Lima y Callao como una medida urgente frente al incremento de la criminalidad. León destacó que, a pesar de las contribuciones positivas de muchos venezolanos, la llegada de grupos delincuenciales provenientes de Venezuela ha intensificado la ola de violencia.
León mencionó que la inmigración de ciudadanos de varios países, principalmente de Venezuela, ha sido significativa en los últimos años debido a la crisis en ese país. Según datos del Banco Mundial, Perú ha recibido aproximadamente 1,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos desde 2017. Aunque muchos de ellos han contribuido positivamente al país, la funcionaria resaltó que un grupo de individuos con antecedentes penales ha generado caos y violencia.
La tasa de homicidios en Perú ha mostrado un incremento notable, con 368 asesinatos registrados en los dos primeros meses de 2025, en comparación con los 111 del mismo periodo en 2018, según el Sistema de Información de Defunciones. Este aumento ha sido aún más preocupante tras el asesinato de un reconocido cantante de cumbia en Lima, lo que motivó al gobierno a decretar un estado de emergencia de 30 días en la capital y Callao.
El Tren de Aragua, una organización delictiva originada en una prisión venezolana y recientemente declarada como grupo terrorista por el Congreso peruano, ha sido acusado de numerosos delitos en la región, incluyendo narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios. Aunque la Policía Nacional del Perú informó haber desarticulado la estructura de esta banda, las autoridades permanecen en alerta ante la continuidad de actividades criminales.
El impacto de la migración venezolana en la seguridad pública continúa siendo motivo de debate en Perú. Mientras algunos sectores abogan por fortalecer el control fronterizo y endurecer las políticas migratorias, otros advierten sobre el riesgo de criminalizar a toda una comunidad. El gobierno peruano ha reafirmado su compromiso de reforzar la seguridad ciudadana y continuar implementando medidas para frenar la delincuencia y garantizar el bienestar de la población.
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