Portuguesa.- El doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles expresó que los sistemas de justicia de los Estados Unidos y Venezuela son unos verdugos del debido proceso.
Resalta que el Gobierno y el sistema de justicia penal están obligados a explicarles a las víctimas de detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y torturas, del por qué ahora si exigen a los Estados Unidos que respeten el debido proceso, mientras que en Venezuela esto se continúa vulnerando.
Narváez se pronunció sobre las deportaciones ilegales de migrantes venezolanos, por parte de la administración del presidente Donald Trump.
Al respecto, opinó que el Estado venezolano no tiene la autoridad moral y judicial para exigir el derecho universal como lo es el debido proceso, pues resalta Narváez que en Venezuela la justicia penal aniquiló totalmente el artículo 49 de la Constitución al destruir la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, además de no permitir la defensa privada, el derecho a ser oído, los derechos del imputado a conocer de los hechos del por qué se le está procesando, el tener acceso a las pruebas, negar información por más de una semana a los familiares y abogados sobre el lugar donde se encuentra el detenido, lo que se considera como una desaparición forzada de personas.
– Existe otro punto sumamente grave como lo es la imposición de los Jueces sin Rostros que, por vía telemática, proceden a imputar en forma colectiva el delito de «terrorismo» sin que el detenido tenga el derecho de ver que juez le está juzgando.
Yo condeno las actuaciones criminales del Presidente estadounidense – afirma – por llevarse por delante al sistema universal de los DDHH y desacatar la decisión de algunos jueces federales de parar las deportaciones masivas sin respetar el debido proceso de los detenidos – manifestó.
Así mismo Narváez, rechazó la acción cómplice del Presidente salvadoreño de convertirse en el depositario de estas deportaciones ilegales, siendo un cooperador necesario del debido proceso universal.
Desde su punto de vista, estamos en presencia de dos países violadores de los DDHH y la última palabra la tiene la Corte Penal Internacional.
Miguel Enrique Villavicencio
