Un incidente reciente ha destacado la complejidad de las políticas de deportación, cuando un grupo de ocho mujeres, deportadas desde Estados Unidos hacia El Salvador el 16 de marzo, no pudo ser aceptado en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot). Esta situación pone de manifiesto las dificultades logísticas y diplomáticas que pueden surgir en estos procesos.
Según informó La Prensa Gráfica, el grupo de deportados incluía a 238 venezolanos, entre los cuales se encontraban una centroamericana y siete venezolanas. Las autoridades salvadoreñas informaron a sus homólogos estadounidenses que el penal no estaba diseñado para albergar mujeres. «Escuché a un funcionario salvadoreño explicarle a un oficial del ICE (Inmigración y Control de Aduanas de EE UU) que el gobierno salvadoreño no iba a detener a una persona de otro país centroamericano por el conflicto que eso podría generar. También escuché que no aceptarían a las mujeres porque la prisión (Cecot) no era adecuada para ellas y no estaban contempladas en el acuerdo», relató una de las deportadas. Ante esta situación, las mujeres tuvieron que regresar junto con los funcionarios del ICE a Estados Unidos.
Este testimonio forma parte de los documentos judiciales del caso liderado por el juez federal James Boasberg, quien está investigando la legalidad de estas deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por la administración de Donald Trump para deportar a venezolanos acusados de ser delincuentes y supuestos miembros de la banda delictiva El Tren de Aragua.
Un segundo testimonio en el proceso judicial revela que tanto las mujeres como los hombres deportados fueron inicialmente informados de que su destino era Venezuela, su país de origen, pero terminaron en El Salvador. «Durante el vuelo, los funcionarios del gobierno estadounidense instaban a los hombres a firmar un documento y ellos se mostraban reacios. Los funcionarios presionaban para que firmaran y los amenazaban. Los escuché discutir sobre estos documentos y referirse a que los hombres admitieran pertenecer al TdA (Tren de Aragua)«, señala otro documento presentado.
Los testimonios están siendo cruciales para que el juez Boasberg determine si el gobierno del presidente Donald Trump desobedeció su orden judicial que prohibía la deportación de venezolanos hacia El Salvador. Este caso podría tener implicaciones significativas en la forma en que se manejan las deportaciones en el futuro y podría cuestionar la legalidad de las políticas implementadas anteriormente.
El Nacional
