IDEA sobre la sentencia de TSJ “Un golpe de estado a la soberanía popular”

Foto: infobae
Espiga Noticias
Publicada: agosto 24, 2024

Los expresidentes que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) manifestaron su enérgico rechazo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, la cual describen como un “golpe de Estado a la soberanía popular”. Este pronunciamiento ocurre en el contexto de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde millones de venezolanos expresaron su voluntad al elegir a Edmundo González Urrutia como su presidente.

Desde la perspectiva de IDEA, la decisión del TSJ representa “una usurpación de competencias constitucionales” que deberían ser exclusivas del Poder Electoral. La organización enfatiza que tal acción contradice la voluntad del pueblo, validada por informes de organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Centro Carter, que confirmaron la legitimidad y el carácter democrático del proceso electoral.

IDEA también se alinea con la misión de Naciones Unidas al trasladar la preocupación sobre la falta de independencia e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ, quienes, según la organización, operan bajo la influencia del régimen de Nicolás Maduro y se han convertido en herramientas de represión.

El comunicado de IDEA alerta que, de materializarse este “golpe de Estado”, se estaría cercenando lo más esencial de la democracia en Venezuela. Este golpe a la soberanía refleja una amenaza directa al estado de derecho, los derechos humanos, y a la posibilidad de celebrar elecciones libres y justas, además de poner en riesgo la existencia de partidos políticos y la independencia de los distintos poderes del Estado, tal como establece la Carta Democrática Interamericana.

Finalmente, IDEA hace un llamado urgente a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional para que actúen con firmeza y eviten la consolidación de este intento de golpe de Estado en Venezuela. La organización insta a tomar medidas contra aquellos responsables de socavar el orden democrático y perpetuar violaciones de derechos humanos en el país.