Un juez federal en Washington D.C. ha considerado la posibilidad de declarar al gobierno de Donald Trump en desacato por haber deportado a más de 200 migrantes, mayormente venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
Durante una audiencia reciente, el juez James Boasberg expresó escepticismo ante los argumentos presentados por el abogado del gobierno, sugiriendo que la Administración podría haber actuado «de mala fe» al acelerar los vuelos para evadir el escrutinio judicial.
«Si realmente hubieran creído que todo lo que hicieron ese día fue legal y podía sobrevivir a una demanda, no creo que hubieran actuado de la manera que lo hicieron», manifestó Boasberg.
El pasado 14 de marzo, Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada históricamente en tiempos de guerra, para deportar a cientos de venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, originada en cárceles venezolanas.
El juez Boasberg bloqueó el uso de esta ley un día después de su invocación, justo cuando dos aviones se dirigían a Centroamérica con los migrantes, ordenando el retorno de dichos vuelos. Sin embargo, los aviones no regresaron y aterrizaron en El Salvador, desencadenando una batalla legal sin precedentes.
En la audiencia, el juez Boasberg cuestionó al abogado del gobierno sobre la secuencia de eventos el día del despegue de los vuelos, sugiriendo que la Administración aceleró las deportaciones para evitar la intervención de los tribunales.
Mientras tanto, decenas de familiares de los migrantes, ahora detenidos en la cárcel CECOT en El Salvador, se han manifestado en Caracas solicitando justicia y el retorno de sus seres queridos. Argumentan que sus familiares, acusados de ser supuestos miembros del Tren de Aragua, están siendo injustamente encarcelados.
El abogado del gobierno afirmó no tener conocimiento de los funcionarios que decidieron continuar con los vuelos, pese a que la organización ACLU ya había presentado una demanda. Defendió que la Administración actuó dentro del marco legal.
El juez Boasberg ha indicado que tomará una decisión sobre este caso la próxima semana y ha llamado a las partes a una nueva audiencia el próximo martes.
Este caso, que es parte de la política migratoria del gobierno Trump, está generando cuestionamientos sobre la separación de poderes en Estados Unidos.
AFP
