La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó un decreto de estado de emergencia económica firmado por el presidente Nicolás Maduro. Este decreto fue presentado en respuesta a la denominada guerra comercial derivada de la política arancelaria de Estados Unidos, que incluye aranceles del 15% impuestos a Venezuela.
El decreto faculta al presidente Maduro para “dictar regulaciones excepcionales y transitorias” con el fin de estabilizar la economía, suspendiendo la aplicación y cobro de tributos y estableciendo mecanismos para combatir la evasión fiscal, además de favorecer la producción nacional. Esto fue declarado por el Legislativo venezolano como una acción para enfrentar el impacto de la política arancelaria estadounidense, a la que calificaron de supremacista.
La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, presentó el decreto destacando que es una medida de prevención para garantizar la producción venezolana en un contexto de incertidumbre global. Rodríguez afirmó que el decreto también busca implementar “políticas más ágiles” para la exportación de productos no petroleros, necesarios en condiciones más estrictas y restringidas de competitividad.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló que la administración de Donald Trump busca sumir al mundo en una “pandemia global económica y financiera”. En contraposición, celebró el decreto de Maduro como un esfuerzo por proteger al pueblo venezolano y su economía.
Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora del país, rechazó este decreto, argumentando que permite a Maduro concentrar aún más poder. Según la coalición, estas medidas podrían facilitar “abusos y discrecionalidad” en su implementación.
Espiga Noticias
