Un tribunal federal de apelaciones ha impedido temporalmente que la administración de Donald Trump avance con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos en los Estados Unidos. Esta decisión surge en medio de los esfuerzos del gobierno por restringir la migración como parte de su agenda política.
El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU., ubicado en San Francisco, decidió no levantar la orden emitida el 31 de marzo por un juez de primera instancia. Esta orden detuvo la decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de finalizar el estatus de protección temporal para ciertos migrantes venezolanos.
En su fallo, un panel de tres jueces del tribunal concluyó que la administración Trump no logró demostrar que sufriría un «daño irreparable» si se mantenía el fallo del tribunal inferior durante la tramitación de su apelación. Este revés legal se suma a la serie de desafíos enfrentados por la administración en su política migratoria.
El TPS está diseñado para proteger a individuos cuyos países de origen han sufrido desastres naturales, conflictos armados u otros eventos extraordinarios. La decisión del Noveno Circuito responde a una demanda interpuesta por varios venezolanos en Estados Unidos y la Alianza Nacional TPS, que aboga por los inmigrantes amparados bajo este estatus.
La terminación del TPS, anunciada por Kristi Noem el 3 de febrero, afectaba a aproximadamente 348,000 de los cerca de 600,000 inmigrantes venezolanos en el programa, cuya vigencia estaba proyectada hasta el 7 de abril. De haberse llevado a cabo la finalización del TPS, miles de personas enfrentarían riesgo de deportación y la pérdida de sus permisos de trabajo, mientras que otros podrían ver afectado su estatus legal en septiembre.
Además de este caso, al menos cuatro demandas adicionales han sido presentadas impugnando la terminación del TPS para venezolanos y haitianos. La administración del presidente Joe Biden había concedido inicialmente el TPS a los venezolanos en 2021, señalando la alta delincuencia vinculada a la inestabilidad política y económica bajo el régimen de Nicolás Maduro. Antes de dejar el cargo en enero, el Departamento de Seguridad Nacional extendió el programa hasta octubre de 2026.
BBC News Mundo
