La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este sábado la falta de atención médica adecuada para más de 80 detenidos considerados presos políticos en Venezuela, quienes enfrentan condiciones de salud críticas. La denuncia fue hecha a través de un comunicado en la red social X, donde la ONG afirmó que, a pesar de las «múltiples solicitudes legales introducidas por familiares y abogados», las autoridades venezolanas han omitido su responsabilidad en este asunto.
La situación de los presos políticos en Venezuela ha sido catalogada como alarmante por JEP. En particular, la organización ha destacado el caso de la activista Rocío San Miguel, detenida desde febrero de 2024. San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, sufre de una fractura no atendida desde hace más de siete meses, lo que refleja el deterioro progresivo de la salud de los detenidos por razones políticas. JEP alertó sobre la «grave violación a los derechos humanos» que implica la falta de atención médica especializada para San Miguel, situación que pone en riesgo su salud física y emocional y podría ocasionarle secuelas irreversibles.
La audiencia de juicio de Rocío San Miguel, inicialmente prevista para el 31 de marzo, fue diferida por cuarta vez al 26 de mayo debido a la «falta de traslado» al juzgado, según informó Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, a la agencia EFE. En los últimos meses, familiares de los presos políticos han realizado varias protestas para exigir liberaciones, revisión de casos y una mesa de diálogo, así como atención médica «oportuna y especializada».
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