Informe de la SIP denuncia criminalización de la labor periodística en Venezuela

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Publicada: abril 25, 2025
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha emitido un informe en el que advierte sobre la creciente criminalización de la labor informativa en Venezuela. El documento, que será presentado oficialmente durante la Reunión de medio año, expone que entre octubre de 2024 y abril de 2025, el país sudamericano vivió un «escenario de restricciones sistemáticas a la libertad de expresión».

Durante este periodo, se registraron 38 incidentes graves, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, agresiones físicas, cierre de medios y amenazas contra periodistas. El informe subraya que «la detención arbitraria de periodistas por cubrir manifestaciones o informar sobre temas sensibles se ha convertido en una práctica recurrente».

El informe destaca el uso indebido del sistema judicial por parte del gobierno para criminalizar a periodistas, además de la utilización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para el cierre administrativo de medios de comunicación. Asimismo, se observan variados argumentos para bloquear portales informativos. La SIP enfatiza que el contexto político posterior a las elecciones «intensificó la persecución contra trabajadores de la prensa», observándose un aumento en el número de detenciones por cobertura de protestas y manifestaciones públicas.

Entre los cierres documentados se encuentran los del Diario La Voz, hasta mayo de 2025, y de diversas emisoras como Radio Mundial 860 AM en San Cristóbal, Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM en Biscucuy, Más Network Coro 97.9 FM en Falcón, y Criolla 100.7 FM en Ciudad Bolívar. Estos cierres agudizan la situación laboral de los periodistas, muchos de los cuales se han visto forzados al exilio debido a la persecución constante.

El informe también detalla las situaciones legales enfrentadas por periodistas como Ana Carolina Guaita, detenida el 20 de agosto de 2024 en La Guaira bajo la acusación de terrorismo; Deisy Peña, acusada de terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública; y Paúl León, camarógrafo de VPItv, quien estuvo detenido más de 80 días. Además, se mencionan casos como el de Nelin Escalante, el periodista Carlos Correa, defensor de derechos humanos y director de Espacio Público; así como los casos de Leandro Palmar, reportero de LUZ Radio, y las detenciones de José Gregorio Camero, Rory Branker, Eleangel Navas, Román Camacho, junto con las situaciones de los periodistas Gustavo Azócar, Katiuska Francis y Charito Rojas.

Este informe de la SIP subraya la alarmante situación que enfrentan los medios de comunicación y los periodistas en Venezuela, y apela a la comunidad internacional para que preste atención a estas graves violaciones a la libertad de expresión.

El Nacional

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