El Parlamento de Italia ha dado un paso significativo hacia la limitación de la concesión de la nacionalidad a descendientes de italianos en el extranjero, validando un decreto-ley propuesto por el Gobierno de Giorgia Meloni. El Senado aprobó el texto con 81 votos a favor y 37 en contra; ahora, será la Cámara de los Diputados la que deba validar la medida para completar su tramitación. En Italia, los decreto-ley requieren la aprobación parlamentaria en un plazo de 60 días para mantenerse vigentes.
El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, declaró que este resultado es crucial, pues la medida busca devolver «dignidad y significado» a un derecho que debería basarse en un vínculo auténtico con Italia, más allá de lo meramente burocrático, incluyendo aspectos culturales.
Aprobado por el Gobierno el pasado 28 de marzo, el proyecto de ley se enfoca en restringir la nacionalidad a los descendientes de italianos en el extranjero. El objetivo es frenar su comercialización y el aumento de las solicitudes, particularmente desde Sudamérica. Italia otorga la nacionalidad siguiendo el principio del ‘Ius Sanguinis’, lo que ha permitido a personas extranjeras, descendientes de emigrantes italianos, reclamar esta ciudadanía.
El número de italianos en el extranjero ha crecido un 40% en la última década, aumentando de 4,6 millones a 6,4 millones, destacándose Sudamérica, donde en 20 años la cifra ha subido de 800.000 a más de dos millones. En Argentina, los reconocimientos de nacionalidad italiana subieron de 20.000 en 2023 a 30.000 en 2024; en Brasil, de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado; mientras que en Venezuela había casi 8.000 en 2023.
Para enfrentar este fenómeno, el Gobierno italiano prevé que los descendientes nacidos en el extranjero solo obtendrán la nacionalidad automáticamente durante dos generaciones, siempre que al menos uno de sus padres o abuelos haya nacido en Italia. Además, impone que los italianos residentes en el extranjero mantengan vínculos reales con el país, ejerciendo al menos una vez cada veinticinco años sus derechos y deberes.
La tercera fase de esta reforma establece que las solicitudes de nacionalidad deberán ser presentadas ante un ente del Ministerio de Exteriores y ya no en los consulados, que han estado desbordados por el número de solicitudes en los últimos años.
EFE
