Un grupo de 252 migrantes venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump y detenidos en El Salvador desde el 16 de marzo, estarían siendo víctimas de torturas físicas y morales, según denunciaron este viernes sus abogados defensores contratados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Los migrantes están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele para pandilleros. Se encuentran sin acceso a visitas, sin proceso judicial y sin confirmación oficial de su identidad o estado de salud. «Los están tratando como vulgares delincuentes. Los han rapado, encadenado y disfrazado. Eso es tortura«, declaró el abogado Salvador Ríos en entrevista con la AFP.
El bufete Grupo Ortega, que representa a los migrantes, presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador el 24 de marzo para exigir su liberación. Esta solicitud incluye 30 casos específicos y se extiende al resto; sin embargo, aún no ha recibido respuesta. Los abogados también entregaron una carta formal al presidente Bukele solicitando autorización para entrevistarse con los detenidos y obtener una «prueba de vida», pero tampoco hubo respuesta del Ejecutivo. «Ha sido como luchar contra molinos de viento», expresó Ríos. «No hay proceso, no hay contacto, no hay nombres». Isael Guerrero, otro de los abogados del caso, enfatizó: «Es detención ilegal«.
Los migrantes venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, norma utilizada en contextos bélicos, y vinculados sin pruebas con la organización criminal el Tren de Aragua. No obstante, ninguno de los detenidos tiene procesos judiciales activos en EE. UU., y según el bufete defensor contratado por Maduro, todos son migrantes sin antecedentes penales. «Trump los deportó sin debido proceso y Bukele los encarceló sin juicio», sintetizó el abogado Jaime Ortega, jefe del equipo legal.
El gobierno de Maduro calificó de «cínica» la propuesta del presidente Bukele de canjear a los 252 migrantes por presos políticos venezolanos, formulada en abril. El caso ha despertado alarma internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó «serias preocupaciones respecto a los derechos fundamentales» en juego en EE. UU. y en El Salvador. «Las familias sienten impotencia al ver cómo sus seres queridos han sido etiquetados como delincuentes o terroristas, sin proceso ni defensa», señaló el organismo.
Entre los detenidos se han identificado casos de deportación errónea reconocidos por el propio gobierno estadounidense. Uno de ellos es Kilmar Armando Ábrego García, salvadoreño con protección contra la deportación, quien fue enviado al Cecot por equivocación. Otro, un venezolano identificado como Cristian, también fue deportado pese a estar en situación regular. Ambos casos fueron apelados por jueces estadounidenses, sin lograr el retorno de los afectados.
El Nacional
