La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han reafirmado su condena respecto a la anulación arbitraria e ilegal de pasaportes de ciudadanos opositores, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela. Estas organizaciones insisten en que el Estado debe restituir de forma inmediata estos documentos de identidad que son esenciales para viajar, trabajar, mantener la vida familiar y acceder a servicios de protección internacional. Asimismo, instan al cese de prácticas represivas que buscan sembrar temor en la población civil.
Un informe de monitoreo de la CIDH revela que al menos 40 personas han sido víctimas de estas anulaciones. Según la CIDH y la RELE, esta medida forma parte de una estrategia sistemática del régimen para amedrentar y silenciar voces críticas, especialmente aquellas que han denunciado abusos y falta de transparencia en torno a la elección presidencial del pasado 28 de julio de 2024.
Las personas afectadas no han recibido notificaciones oficiales sobre la anulación de sus pasaportes, ni sobre el fundamento legal de dicha medida. En muchos casos, estas personas han descubierto la anulación al verificar el estado de su documento en la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) o al ser informadas por funcionarios en los aeropuertos. El temor a represalias adicionales, como detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, ha llevado a muchas de estas personas a evitar solicitar explicaciones a las autoridades o a optar por abandonar el país por vías irregulares.
El perfil de las víctimas, compuesto por opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, junto con la opacidad que circunda estas medidas, confirma que la anulación de pasaportes es una represalia por la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión. Estos actos afectan gravemente derechos fundamentales como la libertad de circulación, la vida familiar y la integridad personal, y generan un efecto inhibidor para continuar con actividades de denuncia.
Es crucial que el Estado venezolano restituya los pasaportes anulados y ponga fin a las prácticas destinadas a silenciar voces críticas. Además, debe adoptar medidas concretas para reconstruir la democracia y el estado de derecho, fortaleciendo la autonomía del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público.
Por su parte, la comunidad internacional debe activar todos los canales diplomáticos e institucionales para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Además, es necesario promover mecanismos y acuerdos que reconozcan documentos vencidos o anulados arbitrariamente, asegurando así el ejercicio pleno de todos los derechos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el mandato de promover y defender los derechos humanos en la región. Compuesta por siete miembros independientes, actúa como órgano consultivo de la OEA, sin representar a sus países de origen o residencia.
Espiga Noticias