La Administración del presidente Donald Trump ha tomado una medida drástica al revocar la capacidad de la Universidad de Harvard para matricular estudiantes extranjeros, impactando a cerca de 6.800 alumnos internacionales en una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo oficial la revocación el jueves, argumentando que Harvard ha permitido la creación de un entorno inseguro en el campus, al tolerar que “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” acosen a estudiantes judíos. La acción fue comunicada mediante una carta de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excluyendo a Harvard del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP).
Esta decisión impide que Harvard emita visas de estudio y obliga a estudiantes internacionales a buscar otras instituciones que acepten sus créditos. De lo contrario, se ven obligados a abandonar Estados Unidos, afectando investigaciones y programas académicos en desarrollo. Solo los estudiantes que finalizan sus estudios en 2025 podrán graduarse como estaba previsto.
El DHS justifica la medida por el incumplimiento de requisitos legales, al no recibir grabaciones de protestas y otros documentos solicitados en una investigación federal. Noem declaró que “matricular a estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho”. Por su parte, Harvard calificó la decisión de ilegal y arbitraria, y ha iniciado acciones judiciales para revertir la medida.
Este conflicto es el último en una serie de tensiones entre Harvard y el Gobierno republicano, exacerbadas por la negativa de la universidad a reprimir protestas pro-palestinas y suspender políticas de diversidad. La Administración ya había congelado fondos de investigación y amenaza con quitarle el estatus de exención fiscal a la institución.
La posibilidad de revertir esta decisión depende de que Harvard entregue la documentación exigida en un plazo de 72 horas, algo ya rechazado por la universidad. Los tribunales federales podrían intervenir si se demuestra que la medida viola derechos constitucionales.
El impacto de esta situación no solo afecta el futuro académico de miles de estudiantes, sino que también pone en juego la autonomía institucional de Harvard y la integridad de los procesos de educación superior en Estados Unidos. Este conflicto, inicialmente político, ahora se perfila como una crisis educativa de escala internacional con posibles repercusiones diplomáticas y sociales.
EFE
