Según el informe de la organización no gubernamental PROVEA, las revisiones arbitrarias de teléfonos móviles sin la debida orden judicial constituyen una violación grave de los derechos fundamentales. Estas prácticas, además de contravenir el Artículo 49 de la Constitución que protege el debido proceso, socavan el derecho de toda persona a ser informada de los cargos en su contra y a contar con un abogado defensor.
El informe de PROVEA destaca que la inspección de teléfonos sin notificación previa ni explicación de motivos representa una infracción directa a los derechos constitucionales. Esta conducta no solo facilita detenciones injustificadas y sobornos arbitrarios, sino que también genera un clima de miedo y desconfianza entre la población.
Los recientes eventos tras los anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 29 de julio, que declararon a Nicolás Maduro como ganador a pesar de las actas de la oposición que daban como ganador a Edmundo González, han intensificado la represión. PROVEA documenta que aproximadamente 2,400 personas han sido detenidas, 25 han sido asesinadas y al menos 50 han desaparecido durante el período de represión posterior a las protestas electorales.
Estos hechos forman parte de una política sistemática de represión y persecución destinada a silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa en el país. La falta de transparencia y la represión violenta reflejan un intento por parte del gobierno de suprimir la disidencia y mantener el control absoluto.
Mientras tanto en #Venezuela…
— PROVEA (@_Provea) August 29, 2024
La revisión ILEGAL de celulares por policías y militares se ha convertido en un abuso común.
No es normal tener que borrar mensajes, fotos, redes o cualquier contenido por miedo a que sea “subversivo”, revisiones sin orden judicial.
El Art. 48… pic.twitter.com/bFwZClFJJb