La revocación de la libertad condicional de Donaida Pérez Paseiro, activista cubana, ha desatado una fuerte condena por parte de organizaciones de la sociedad civil tanto cubanas como internacionales. El miércoles, Pérez Paseiro fue enviada nuevamente a la cárcel de Guamajal, localizada en la ciudad de Santa Clara, como represalia por su continuo activismo y demandas por la liberación de su esposo, Loreto Hernández, también preso político.
Pérez Paseiro fue originalmente sentenciada a ocho años de prisión tras su participación en las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 en Cuba. Con esta revocación, deberá cumplir los cuatro años restantes de su condena en prisión. La revocación de su libertad condicional ha sido catalogada como una «nueva arbitrariedad» por entidades como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que recalcan la naturaleza ética y políticamente inadmisible de esta acción.
El OCDH ha expresado su crítica hacia el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) vigente entre la Unión Europea (UE) y La Habana, señalando que el gobierno cubano viola reiteradamente el artículo 85 del acuerdo. Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, manifestó a ADN Cuba que la decisión del gobierno cubano representa una traición al supuesto motivo jubiloso tras la excarcelación de más de 200 presos políticos.
A su vez, el Directorio Democrático Cubano y el Foro América Libre se sumaron a las denuncias contra esta medida represiva, exigiendo la liberación inmediata de Pérez Paseiro y de todos los presos políticos en Cuba. La activista había sido liberada en enero pasado gracias a negociaciones entre el régimen cubano y el Vaticano. Sin embargo, junto a su caso, las revocaciones de libertad de otros presos políticos como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Jaime Alcides Firdó han mantenido la atención internacional sobre la situación de los derechos humanos en la isla.
La comunidad internacional ahora observa de cerca la respuesta de actores globales, como la ONU, ante esta situación y el tratamiento que el gobierno cubano otorga a aquellos que disienten de sus políticas.
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