La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) emitió una denuncia este martes alertando sobre una «política de abandono» en las cárceles de Venezuela. La OVP destacó problemas críticos como el hacinamiento extremo, la falta de agua potable, la insuficiencia de alimentos y la atención médica nula. En respuesta, la ONG exigió que se garanticen «condiciones humanas» para los reclusos en el país.
En un comunicado compartido en la plataforma X, la organización declaró: «Esta no es una crisis nueva ni un error del sistema: es una política de abandono. Lo hemos denunciado una y otra vez: el régimen venezolano no solo ha sido incapaz de resolver el colapso del sistema penitenciario, sino que ha convertido los calabozos policiales en centros de reclusión permanentes».
La OVP subrayó que, según la normativa venezolana, los calabozos policiales están designados como «espacios de detención preventiva por un máximo de 48 horas». Sin embargo, la realidad es que miles de personas permanecen detenidas durante semanas, meses e incluso años. Esta situación, según la organización, representa una violación flagrante a los derechos humanos y pone de manifiesto el colapso del sistema penitenciario venezolano.
Además, la ONG resaltó la carga impuesta a los familiares de los detenidos, quienes deben suplir las carencias del gobierno al proporcionar alimentos, agua, medicamentos y artículos de higiene. En muchos casos, esto implica extorsiones por parte de funcionarios o la necesidad de dormir fuera de los comandos policiales bajo condiciones degradantes.
El OVP también advirtió sobre los procesos judiciales viciados debido al retardo procesal, dejando a los detenidos en un limbo legal sin condena ni posibilidad de defensa. Esto, afirmaron, infringe los principios fundamentales del debido proceso y convierte la detención en una pena anticipada e injusta.
En su declaración, la organización exigió medidas urgentes y concretas que incluyan el cierre inmediato de los calabozos como espacios de reclusión prolongada, y garantizar tanto condiciones humanas y legales para los detenidos como el cese del castigo indirecto que sufren sus familias.
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