La reciente filtración de documentos clasificados de inteligencia israelí ha generado conmoción en el ámbito diplomático internacional. Según estas fuentes, desde 2020, el gobierno de Nicolás Maduro habría procesado y enviado uranio venezolano hacia Irán, eludiendo los controles establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y violando resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta operación, supuestamente realizada con el apoyo de actores militares, logísticos y diplomáticos de ambos países, plantea serias implicaciones a nivel global.
A cambio del suministro de uranio, el gobierno iraní habría enviado a Venezuela cargamentos de drones Shahed, empleados por Rusia en su conflicto con Ucrania, así como tecnología militar dual y asesoramiento en inteligencia. Además, se reporta que miembros de la Guardia Revolucionaria iraní han estado activos en bases militares venezolanas, capacitando a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y colectivos paramilitares afines al gobierno. Esta colaboración ha fortalecido la alianza entre Caracas y Teherán, promoviendo una creciente presencia de Hezbollah en Sudamérica.
Esta implicación convierte a Venezuela en el primer país latinoamericano identificado como proveedor directo de material nuclear con fines bélicos para un régimen en el Medio Oriente sujeto a sanciones internacionales. A pesar de las restricciones de acceso a las minas en el estado Bolívar por parte del OIEA, evidencias como imágenes satelitales y testimonios de exfuncionarios venezolanos en el exilio, junto con la actividad irregular de vuelos entre Maiquetía y Teherán, aportan indicios contundentes sobre esta operación.
Hezbollah, catalogada como organización terrorista por Estados Unidos y otros países, supuestamente blanquea alrededor de 500 millones de dólares anuales en Latinoamérica. Este proceso se lleva a cabo mediante exportaciones ficticias, empresas tapadera, tráfico de oro, criptomonedas y conexiones con el narcotráfico. Un acuerdo militar entre Irán y Bolivia en julio de 2023 ha intensificado la colaboración en defensa, intercambio de inteligencia y entrenamiento antiterrorista, a pesar de las declaraciones del gobierno boliviano de que el pacto es de naturaleza no ofensiva.
La estrategia iraní en América Latina ha cobrado fuerza debido al debilitamiento de los controles regionales y al ascenso de gobiernos afines al eje antioccidental. Esta estrategia incluye la creación de centros culturales chiitas, visitas de altos funcionarios iraníes y la inauguración de vuelos comerciales entre Irán y Sudamérica, como la ruta Caracas-Teherán operada por Conviasa y Mahan Air.
Estados Unidos está en proceso de reunir información sobre el involucramiento de Nicolás Maduro en esta situación. Representantes israelíes han advertido que cualquier represalia contra los objetivos de Hezbollah o de la Guardia Revolucionaria iraní podría extenderse a territorio latinoamericano. Esta advertencia es particularmente relevante en un contexto donde los intereses de seguridad de Israel y Estados Unidos se ven amenazados por el fortalecimiento del triángulo autoritario que une a Teherán, Caracas y La Paz.
A nivel regional, las reacciones han sido moderadas. Ni la CELAC ni la OEA han emitido declaraciones contundentes, aunque Paraguay y Uruguay han expresado su inquietud en foros multilaterales. Miembros de la comunidad judía argentina también han señalado el resurgimiento del eje Irán-Venezuela-Hezbollah como una prioridad en los planes de inteligencia regional y colaboración antiterrorista.
El gobierno de Maduro rechaza todas las acusaciones, calificándolas como parte de una «campaña de desinformación imperialista». Sin embargo, la evidencia sugiere que el territorio venezolano podría estar siendo utilizado como base para operaciones encubiertas, formándose parte de una guerra global silenciosa por el control de recursos estratégicos y redes clandestinas de poder.
Con información de El Observador.
