Un juez colombiano dictaminó que el Estado incurrió en responsabilidad por omisión en el atentado sufrido por el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio. La decisión legal se basa en la detección de fallas evidentes en el esquema de protección asignado al político.
Durante la audiencia en la que se dictó medida contra Elder José Arteaga Hernández, alias «El Costeño», capturado recientemente en Bogotá, el juez señaló que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no garantizó la seguridad mínima requerida, lo que constituye una omisión grave por parte del Estado.
El atentado ocurrió en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, cuando Uribe Turbay fue atacado por un menor armado con una pistola tipo Glock. El senador recibió dos impactos en la cabeza y uno en la pierna, mientras que el agresor fue detenido en el lugar.
El abogado del senador, Víctor Mosquera, destacó que su cliente había solicitado en múltiples ocasiones el fortalecimiento de su protección, pero estas solicitudes fueron ignoradas. Mosquera recalcó que, si bien las capturas de los presuntos autores materiales son valiosas, no son suficientes hasta que se identifique y juzgue a los autores intelectuales e instigadores del ataque.
La sentencia judicial establece un importante precedente en Colombia sobre la obligación estatal de garantizar la seguridad de líderes políticos, especialmente en contextos de riesgo electoral. Asimismo, refuerza la necesidad de una revisión profunda de los procedimientos y recursos asignados a la UNP para la protección de figuras públicas.
EFE