La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este miércoles mantener, por el momento, la suspensión de la ley SB 4-C de Florida, una de las medidas más estrictas a nivel estatal contra los inmigrantes indocumentados. Esta normativa estatal busca convertir en delito la entrada de personas sin estatus migratorio regular al estado, aun si provienen de otros territorios dentro del país.
En una breve orden sin explicación, el máximo tribunal rechazó la solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien intentaba revocar la medida cautelar impuesta por una corte federal de primera instancia. La jueza Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, había suspendido la aplicación de la ley el pasado 18 de abril y posteriormente declaró en desacato al fiscal estatal por no cumplir con su orden.
Williams argumentó que «la legislación es probablemente inconstitucional», advirtiendo sobre el riesgo de que el Estado interfiera en competencias exclusivas del gobierno federal. La ley SB 4-C permite a las autoridades estatales arrestar y encarcelar a personas que entren a Florida sin haber sido inspeccionadas por inmigración, incluso si han regularizado su situación migratoria o no tienen antecedentes penales. También contempla la detención obligatoria sin considerar las circunstancias individuales.
Organizaciones civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), celebraron la decisión de la Corte Suprema. “Este fallo confirma lo que exige la Constitución: que la aplicación de la ley migratoria es un asunto federal y que nadie debe ser privado de su libertad sin el debido proceso”, señaló Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU en Florida.
El caso es parte de una serie de desafíos legales a legislaciones similares en estados como Texas, Oklahoma, Idaho e Iowa, que intentan imponer políticas migratorias propias. La ACLU considera que la decisión del Supremo extiende una “larga e ininterrumpida serie de derrotas” judiciales contra este tipo de normativas.
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y personas afectadas presentaron una demanda en febrero contra la ley, argumentando que invade atribuciones federales y viola derechos fundamentales. Paul R. Chavez, de la organización Americans for Immigrant Justice, advirtió que la ley SB 4-C podría acarrear consecuencias graves para el estado: “Florida se arriesgó a un aumento de la discriminación racial, violaciones de derechos civiles, aislamiento de las comunidades inmigrantes y deportaciones injustas”.
Revés a la agenda migratoria
“Cuando la policía local se ve envuelta en la aplicación de la ley migratoria, se socava la confianza que esta ha construido con la comunidad inmigrante, lo que en última instancia perjudica la seguridad pública de todos los floridanos”, añadió Chavez.
Florida, uno de los estados con mayor población inmigrante del país, cuenta con uno de cada cinco residentes nacido en el extranjero. A pesar de ello, el gobernador republicano Ron DeSantis ha promovido políticas alineadas con la visión migratoria del expresidente Donald Trump, como las medidas que obligan a las autoridades locales a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Aunque la Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre el fondo del caso, su decisión de mantener el bloqueo preliminar representa un revés significativo para la agenda migratoria estatal de Florida y podría tener implicaciones para otros estados que buscan legislar sobre inmigración a nivel local.
Con información de Efe