La relatora especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, expresó su rechazo a la persecución de organizaciones humanitarias en El Salvador. Esto se produce tras el anuncio de la ONG Cristosal de suspender sus operaciones en el país centroamericano.
En un mensaje publicado en la plataforma X, la experta señaló: «Es inaceptable que la estigmatización, criminalización y persecución sistemática de organizaciones de la sociedad civil genere el cierre de sus actividades como método de protección. Mi solidaridad con Cristosal».
La organización Cristosal, en un comunicado emitido el jueves y mediante una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, anunció el cese de sus operaciones en El Salvador debido a una «escalada represiva» promovida por el Ejecutivo de Nayib Bukele y la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros.
Cristosal denunció que el «régimen de los hermanos Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia» y lamentó que, «bajo un estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho».
«Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. Esta decisión responde a una situación insostenible del acoso estatal, amenazas directas a nuestro personal y a la criminalización de defensores», declaró Noah Bullock, director ejecutivo de la organización.
Cristosal además destacó que en El Salvador «expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel», indicando que «la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana se han convertido en conductas castigadas y limitadas por el poder».
La ONG señaló también que la detención de la abogada Ruth López, jefa Anticorrupción de la organización, «no es un caso aislado, sino que forma parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar». López ha estado detenida desde el 18 de mayo bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito, con su caso declarado en secreto.
Cristosal, con operaciones extendidas a Guatemala y Honduras, es conocida por su trabajo de acompañamiento a víctimas de la violencia de pandillas y abusos estatales. Como una de las voces más críticas del Ejecutivo de Bukele, ha recabado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022.
EFE